Conductas negativas contra la seguridad del pueblo

La presencia cada vez mayor de grupos dedicados a delinquir tiende a aumentar en el país; especialmente ciudades como Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba confrontan la presencia de quienes buscan hacerse de lo ajeno y asaltan locales como supermercados, asaltan a personas en las calles, atacan a quienes no entregan lo que portan personalmente, buscan destrozar partes importantes de vehículos cuando sus dueños no acceden a entregar llaves y, en cuanto hay oportunidad, los agreden en garajes y sitios públicos, como represalia porque no lograron su objetivo. En algunos casos se profiere amenazas contra personas y hogares, con riesgo de lastimar a niños, ancianos y mujeres carentes de protección. Denuncias posteriores que son hechas ante la Policía no dan resultado alguno y lo que hacen los delincuentes es abusar hasta los peores extremos, atentando contra la seguridad y tranquilidad de las personas cuando no son aceptadas sus exigencias.
Muchas veces, en el curso de los últimos cinco años, se han producido muchas denuncias sobre la delincuencia que tiende a aumentar. Es urgente que el Gobierno disponga refuerzos en los cuadros policiales, y las autoridades judiciales deben establecer cuántos delincuentes purgan por sus faltas y delitos, determinar si han sido juzgados o no, verificar estados legales. Asimismo, es necesario ampliar espacios en los recintos carcelarios y, finalmente, evitar la presencia de niños y mujeres inocentes junto a quienes han delinquido. Cuando un delincuente es apresado y entregado al juez, se debe seguir los procedimientos para las sanciones consiguientes; en segunda instancia, levantar estadísticas sobre los casos delictivos habidos en los diferentes recintos del país y cuántos ya tienen sentencias.
La comunidad vive pendiente de que en cualquier momento se vea asaltada, maltratada y desposeída de lo que tiene; los cuadros policiales son insuficientes para apresar a quienes violan las leyes; en los supermercados y sitios de venta de artículos de uso y consumo no se sabe si optar por confiar en la Policía o pedir autorización para organizar grupos que cuiden los diversos negocios y los establecimientos educativos, conjuntamente hogares que peligran.
El país no puede quedar a merced del bandidaje, que tiende a aumentar peligrosamente y es el Gobierno quien debe decidir qué medidas podrá tomar contra quienes decidieron vivir a costa de una población que querría vivir en tranquilidad, evitando ser víctima de lo ilegal, especialmente cuando las autoridades son insuficientes para reprimir delitos.