El número crecido de avionetas, notoriamente en Santa Cruz y el Beni, despiertan sospechas de tráfico de sustancias controladas. De igual modo es excesivo el número de aeródromos en pleno servicio en los departamentos indicados y de escuelas de pilotaje. La responsable de la materia es la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), organismo que concede las licencias de vuelo y de funcionamiento de los aeródromos, y de las nombradas escuelas. Es de conocimiento de todos que semejante cantidad de avionetas y pistas de aterrizaje son de utilidad para el narco, por supuesto no todas. El trajín aéreo sirve para el transporte de cocaína como de marihuana en viajes de llegada, en especial del Perú, y de envío de la producción nacional, tanto de uno como de otra. El destino es Brasil, Paraguay, en tránsito a los Estados Unidos y a Europa, espacios en los que esta mercadería prohibida se cotiza con precio de oro.
Ante la comunidad mundial el papel del país es comprometedor e igualmente frente a los organismos internacionales de control y evaluación. El negocio criminal es favorecido por la ubicación central del país en Sud América. Los gobiernos nacionales de estos últimos quinquenios se vienen conformando con que somos territorio de “tránsito” y de muy escasa producción de cocaína, a sabiendas de que ello es una verdad a medias. También hay quienes aseguran que ahora el Chapare cuenta con tales pistas de aterrizaje, posiblemente dedicadas al narcotráfico. Parece que no basta el aeropuerto internacional del lugar, libre de presencia de la Fuerza Aérea.
Hace pocos días el Ministerio Público intervino por segunda vez el aeródromo La Cruceña o Mundaka, a 30 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El primer operativo se realizó en julio de 2019, cuando ejercía como director máximo de la FELCN el coronel Maximiliano Dávila, al presente detenido en la cárcel de San Pedro por presunto enriquecimiento ilícito, pero no por facilitador de narcotráfico como lo sindica la DEA. En ambas ocasiones fueron incautados numerosos instrumentos utilizados para fines ilícitos. En la segunda intervención se detuvo a 38 personas, entre funcionarios, guardias del gran número de hangares, pilotos y otros. Sin embargo, el primer operativo fue descartado del haber de la FELCN y fue como si nunca hubiera ocurrido, por orden directa de Dávila. No se le han hecho cargos por ese hecho de franco encubrimiento.
Aún el Ministerio Público no estableció quién es el propietario de La Cruceña. Todo apunta a la familia Mundaka (Iver, Javier y María Jesús), sin citación a declarar. Dos de ellos habían obtenido una renovación de funcionamiento del aeródromo, presentando documentación de supuesta legalidad en orden, facilitada por la propia DGAC. Resalta, en todo caso, la proliferación de pistas de aterrizaje y el número indeterminado de avionetas y naves al servicio del narcotráfico. De este complejo tienen conocimiento las autoridades y más aún de alguna complicidad y soborno. No hay una reacción condigna de los niveles oficiales.