El 8 de marzo se recuerda la lucha incansable de las mujeres por sus derechos laborales y sociales. Cientos de trabajadoras textiles de una fábrica de Nueva York se manifestaron en busca de la igualdad salarial respecto a los hombres, además de pedir una mejora en sus condiciones laborales, pero fueron asesinadas 120 a manos de la policía. Después de dos años se creó el primer sindicato femenino de la historia, en 1908. Cerca de 15.000 mujeres trabajadoras salieron a las calles de Nueva York, para protestar por las jornadas interminables, condiciones inhumanas y los penosos salarios, cuando el 25 de marzo de 1911, los propietarios de la fábrica textil Triagle sellaron las salidas del edificio y murieron 146 mujeres por causa de derrumbes, quemaduras e intoxicación por humo.
En 1979 se declara el Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional. El Parlamento Europeo quiere resaltar que las mujeres todavía desempeñan muchos de los trabajos de ciudad, lo que se ha agravado con la pandemia; el confinamiento aumentó el trabajo desde casa y provocó conflictos y violencia entre la vida laboral y la familiar. Es probable que el covid-19 haya agravado las desigualdades de género en este ámbito, y la falta de conciliación entre la vida laboral y familiar esté causando un impacto dramático en la salud mental de las mujeres, en la mayoría de los Estados miembros de la UE y en el sector sanitario, que experimentó una presión especial.
Hoy el Parlamento Europeo se centra en la igualdad de género, la salud mental y el trabajo de cuidados no remunerado, pidió a los partidos políticos europeos que garanticen que tanto mujeres como hombres accederán a puestos de dirección. En el nuevo Parlamento Europeo, constituido oficialmente en julio de 2019, hay más mujeres que nunca, que representan el 41% de los eurodiputados, frente al 36,5 % al final del período anterior. Hoy ante la crisis por covid-19, las mujeres están en la primera línea de la lucha contra la pandemia: de los 49 millones de trabajadores de la salud en la UE, el 76% son mujeres. La crisis también ha afectado a sectores de la economía donde tradicionalmente se ha empleado a más mujeres, como la hostelería, la guardería y el trabajo doméstico.
En Bolivia, la Constitución Política del Estado en su Art.8. II dice que “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien”. La equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, condiciones, y formas de trato, sin dejar a un lado las particularidades de cada uno(a) de ellos (as) que permitan y garanticen el acceso a los derechos que tienen como ciudadanos(as). Pero el gobierno NO CUMPLE el mandato constitucional y, por el contrario, se evidencia que sigue siendo la expresión más cruel del patriarcado.
En Bolivia, como en el resto del mundo, hay una creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, con mayor participación productiva y aporte económico, aunque, contradictoriamente, sin contar con grandes ingresos propios ni acceso a bienes y recursos, con limitadas posibilidades de empoderamiento para acceder a espacios de decisión, sin posiciones más ventajosas familiares, comunitarias y en la sociedad, y sin que se reconozca ni valorice nuestra contribución económica. Según datos del INE 2017, el 28% se ocupa en el sector formal del mercado de trabajo, la brecha de ingresos entre mujeres y hombres aumentó en 7 veces.
A pesar de que Bolivia ha ratificado todos los convenios internacionales sobre los derechos económicos de las mujeres, la igualdad de género en el acceso al mercado de trabajo está lejos de ser una realidad, porque el acceso se da en condiciones de precariedad, con intensas formas de dominación, explotación, violencia y acoso laboral, con menores ingresos y con mayor desprotección social. Estas condiciones se agravan con la asignación de responsabilidades domésticas y de cuidado, lo que incrementa nuestra carga global de trabajo.
Angélica Siles Parrado. economista, ex Asambleísta Constituyente.