Una adecuada administración de justicia es base primordial, no solo para cimentar un estado de derecho válido y fuerte, también para dar seguridad jurídica tanto a las personas naturales como a las civiles y para ello la justicia debe estar en sintonía con la verdad. Ahora bien, ¿qué entendemos por verdad? Se la podría entender como: “la adecuación del entendimiento con la cosa”. Esto no quiere decir que en la mente del individuo se plasme una especie de copia, de tal modo que represente con toda fidelidad la cosa que se quiere validar o tomar como verdadera. Se podría decir, en todo caso, que la verdad se encuentra primordialmente en la mente, más que en las cosas, pero, a la vez, las cosas son verdaderas en la medida que causan la verdad en la mente.
Sin la adecuada teorización de la verdad, no se puede llegar a una apropiada administración de justicia.
Los operadores de justicia, en concordancia con la verdad del hecho que les toca juzgar, deberían ofrecer seguridad jurídica a la población en general y dar certeza de que su accionar se encuentra enmarcado dentro de los parámetros de la legalidad y la adecuada observación de la verdad; es decir, dar la certeza de que la evidencia de la cosa juzgada está debidamente fundamentada y no amañada por unos cuantos dólares. La duda razonable no debiera convertirse en una triquiñuela legal para favorecer a los más terribles delincuentes.
Una severa neblina recae sobre todos los administradores de justicia y sobre nuestro sistema legal en general, la extrema politización y la desbordante corrupción en todo el ámbito judicial convierten a la normativa legal vigente en un flan mal cuajado y podrido, es decir, sin cimientos de verdad y justicia y con el mal olor de la corrupción invadiendo todos los sectores del ámbito judicial.
Es necesario empezar a dar criterios de certeza sobre la problemática judicial en nuestro país, pareciera que al poder político poco le interesa subsanar todo el desastre judicial en el que nos desenvolvemos. Esto genera una indiferencia marcada de la observancia de la ley por parte de delincuentes, estafadores, violadores, etc., pues al ver que los operadores de justicia son fácilmente sobornables, la ley simplemente deja de ser observada y cumplida.
Resulta extremadamente contradictorio que la verdad sea puesta en tela de juicio por los señores de la mentira, incluso convirtiéndose en acusadores y demandantes. La verdad simplemente es pisoteada o maniatada; su valor moral y ético se diluye en un mar de mentiras y engaños. Si la verdad sucumbe, la justicia también. Dentro de una sociedad sin justicia y con la verdad silenciada, resulta fácil la proliferación de delitos; la solución no recae en cambiar jueces y fiscales, tampoco en reformar la Constitución, se requiere un cambio de mentalidad jurídica y una adecuada educación en valores, sin embargo, mientras el sistema educativo y el aparato judicial sean serviles al poder político, esto simplemente no pasará.
Marcelo Miranda Loayza, Teólogo y Bloguero.