El talante persecutor del Gobierno cobra impulso con el acoso contra el ex alcalde de La Paz, Luis Revilla, denunciado por presunto sobreprecio en la compra de 66 buses para el servicio público. Revilla, consciente de una persecución implacable como a la de otros muchos, optó por el camino de la clandestinidad. El plan visible del Gobierno es la aniquilación de sus opositores con este método de tortura que es el acoso judicial.
Obedeciendo la citación, dos veces Revilla viajó de Santa Cruz, donde vive junto a su familia, para declarar ante el Ministerio Público, pero éste se dio maña para no recibir sus declaraciones. Acto seguido libró mandamiento de apremio bajo alternativa de detención si no se presentaba. Estrechando el acoso, la fiscalía citó a declarar a su esposa Maricruz Rivera, quien absolvió la inquisición correspondiente, declarándose indefensa. Mal podía enterarse de cualquier aspecto de la licitación en vista de haber conocido al ex alcalde años después.
Como el gobierno parece sentirse realizado poniendo el mundo al revés en el ámbito nacional, sin temor al escándalo se convierte en aliado incondicional de Jesús Vera, inculpado como autor principal de la quema de 66 buses PumaKatari en los acontecimientos seguidos a la elección de 2019. Dentro de esta confabulación, la Justicia ejecuta las órdenes que le imparte Vera. Este personaje se auto designa mandamás de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz (Fejuve), habiendo sido candidato a diputado perdidoso por el MAS en 2019.
En estas circunstancias, se avivan las ansias de escarmiento contra todos los opositores que recibieron el apoyo popular en las urnas, estando clara la intencionalidad oficialista de castigarlos con la finalidad de amedrentar a todos los que aspiren a candidatear en filas opositoras. Esta política responde a consolidar un gobierno unilateral y de dictadura, y a un partido único con el estilo totalitario de la desaparecida Unión Soviética (URSS).
La denuncia de Vera contra el ex alcalde Revilla se refiere a un presunto sobreprecio o escalpelo en la adquisición de los indicados 66 buses. Según la insidia, en la primera compra su habría obtenido 26 millones extras y en la segunda 36 millones demás. El propio gobierno de Evo Morales contradice esta acusación en vista de que el Viceministerio de Transparencia mediante auditoría no encontró sobreprecio alguno y así lo certificó, llegando a la misma conclusión otras instancias del mismo gobierno. En cambio, el denunciante sindicado de la quema se pasea las calles, libre de pena y culpa, gracias al abandono de investigaciones del caso por el Ministerio Público, a órdenes de sabe Dios qué instancias gubernamentales. Tal es la “justicia” con la que lidia la ciudadanía bajo el imperio de 15 años.