Es urgente que se apruebe una amnistía general

Son muchas las razones para que este año –más que en los pasados– dados los sufrimientos causados por el coronavirus y que no tiene trazas de disminuir, el gobierno se apreste a dictar una amnistía general, no solamente para quienes son parte activa de las políticas partidistas sino para las personas que hayan sufrido cualquier tipo de privación de libertad –ajenas a causas que han merecido dictámenes judiciales por cuestiones penales–.
Cada año surge en la colectividad la esperanza de que las autoridades decidan una amnistía para quienes militan en política partidista y que por esa causa hayan sido privados de libertad o se hayan exiliado voluntariamente por temor a ser sometidos o acusados por los llamados “fiscalatos”, que notoriamente cumplen instrucciones político-partidistas del régimen gobernante. Son muchas y amargas las experiencias sufridas, especialmente en los últimos catorce años pasados. Odios reconcentrados, sentimientos revanchistas y antagonismos sectarios no pueden primar indefinidamente en la vida de la comunidad nacional y tampoco las consignas de venganzas partidarias, para que el gobierno no haya aprobado una amnistía. O es que motivos revanchistas y complejos racistas no pueden ser superados ni por el gobierno ni por su partido, lo que el pueblo censura acremente.
Es realidad innegable que ni el gobierno ni su partido ni posición política de cualquier naturaleza puede hacer que los ciudadanos del país pierdan su derecho a censurar, criticar o no estar de acuerdo con el régimen, porque se trata de principios elementales de libertad, de expresar desacuerdos y exigir que las autoridades, del rango que fueren, se comporten en consonancia con las leyes y respeten los derechos humanos y todo el sistema jurídico imperante.
Es absolutamente necesario que el gobierno apruebe un decreto amnistiando a quienes han sido privados de libertad y a las personas que, atenidas a las normas legales, decidan retornar gozando de todas las garantías y derechos que señalan la Constitución y las leyes. Igualmente, es necesario disponer que la amnistía beneficie a las personas que sufren prisión por fallas del sistema judicial, que no procesa debidamente los casos.
Aprobar una amnistía será beneficioso para el propio gobierno, que no tendría razón para seguir en posición intransigente de privar de libertad, ya que es un derecho y bien irrenunciable, propio de todos los bolivianos.