Los empresarios bolivianos expresaron su preocupación por la dilatación en la solución entre la Terminal Puerto de Arica (TPA) y la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) sobre los pagos a realizar, mientras tanto, la concesionaria chilena mantiene la aplicación de tarifas públicas, así como el cobro adelantado.
Además, pasaron más 60 días del vencimiento del acuerdo de 2019, y la ASP-B aún no concertó una nueva reunión con el concesionario chileno, lo que preocupa la Empresa Portuaria Arica (EPA).
Al respecto, el gerente general de la EPA, Rodrigo Pinto, manifestó: “Nos preocupa que ya hayan transcurrido más de 60 días del vencimiento del acuerdo de descuentos tarifarios suscrito el año 2019 y aún no tengamos un nuevo convenio con rebajas para la carga de importación boliviana”.
Al no existir un nuevo convenio tarifario, desde el 5 de agosto el Puerto de Arica aplica las tarifas públicas, que significan costos mayores a los importadores.
Los empresarios exhortaron a las autoridades de la ASP-B a solucionar el tema, mientras que la estatal boliviana señaló que el sector privado también tiene que entender que la TPA tiene su participación en la falta de solución al tema.
Pinto hizo un llamado a su par de la ASP-B, “a no dilatar más este proceso, ya que cada día que pasa, los importadores bolivianos pierden la opción de pagar servicios más económicos. En el Puerto de Arica estamos disponibles para firmar sin más retraso el acuerdo que consensuamos a fines de julio pasado. No entendemos aún las razones que motivaron el retroceso de la ASP-B, si todas sus solicitudes fueron atendidas por el Puerto en función de apoyar la reactivación económica postpandémica de Bolivia”.
Deuda pendiente
El Gerente General de la EPA instó también a la ASP-B a aclarar la deuda por servicios de agosto y septiembre que mantiene con el concesionario TPA S.A., ya que, hasta ahora, no ha comunicado formalmente a qué facturas imputará el abono de 925 mil dólares que realizó en septiembre.
“La negativa de la ASP-B a aclarar las facturas por servicios que el concesionario realizó entre agosto y septiembre, provocó la aplicación de la medida del cobro anticipado a los servicios solicitados a partir del 20 de septiembre. La deuda total de ASP-B por los servicios de agosto y septiembre es de 1 millón 340 mil dólares. Hacemos un llamado a que la empresa estatal boliviana pague en forma íntegra y clara los servicios que ya fueron prestados por TPA, dado que estos dineros los tiene en su cuenta corriente, a raíz de que los cobró anticipadamente a los importadores”, sostuvo.