El saneamiento de tierras paralizó la reforma agraria

Hace 30 años se puso en ejecución el saneamiento de tierras y el costo de esa medida sobrepasó de los 300 millones de dólares aportados por el Estado y entidades extranjeras, sin contar exacciones a los campesinos. Su objetivo era resolver el problema de la propiedad de la tierra y mejorar la producción agropecuaria del país, objetivos que no se alcanzó, ni mucho menos. Peor aún, el asunto se prolonga indefinidamente, subirán los gastos burocráticos, continuará bajando la producción agropecuaria y no habrá solución para la candente cuestión.
En líneas generales, en primer término, el saneamiento de tierras constituyó una medida equivocada para la extensa región andina, la más poblada del país. En efecto, estaba destinado a consolidar la arcaica distribución de la propiedad de la tierra, originada en la época aymara. Se mantiene el minifundio y están abandonadas las tierras de ex haciendas. Un nuevo régimen de producción no avanzó y la tecnología todavía usa el arado de madera egipcio, tirado inclusive por seres humanos. Es más, con el saneamiento fue necesario empezar un nuevo trámite de propiedad de la tierra, pues fueron anulados los títulos de la reforma de 1953. En el altiplano y valles se abandonó el cultivo de unas 500 mil hectáreas y la población se vació para ir a las ciudades y el exterior, como se denunció en el folleto “La última carta del feudalismo”. (La Paz. 2008).
En segundo término, en la región oriental el saneamiento tuvo alguna utilidad, pues ayudó a consolidar en alguna medida la nueva distribución de la propiedad (sobre tierras baldías), originada por la nacionalización de la tierra de 1953. Ese proceso, en cuanto a la propiedad agraria, facilitó el desarrollo de un nuevo sistema de producción humana y alta tecnología. Sin embargo, esa tendencia progresista se encuentra frenada por la legislación agraria vigente e inclusive por la misma Constitución, cuyo carácter reaccionario anula los progresos económicos alcanzados.
En general, la ley INRA vigente, dictada por el gobierno de Evo Morales, -tan regresiva como la Ley INRA de Gonzalo Sánchez de Lozada-, únicamente sirvió para consolidar en la zona andina del país el primitivo régimen de propiedad del suelo, mientras en el oriente mantiene uno nuevo, pero defectuoso que empeora a diario.
La Constitución del Estado Plurinacional en vigencia prolonga ese estado de cosas y no solo asegura una política conservadora sobre la cuestión agraria, sino también es regresiva al pasado. En esa forma, el país seguirá existiendo sobre la primitivísima distribución de la propiedad de la tierra, junto a un régimen de producción con mínimas posibilidades de ser sustituido por otro moderno.
La Constitución vigente no únicamente agrava la cuestión de la tierra, pues también contribuye a ello la legislación agraria dictada por el gobierno de Evo Morales, bajo el título “Ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria”, en vigencia y la misma que, corregida y aumentada con agravantes, fue continuada en su cumplimiento por el gobierno de Evo Morales.
Se puede asegurar que mientras no se modifique o cambie por otra esa legislación, la economía agraria del país continuará en decadencia y continuará su ritmo y velocidad con resultados insignificantes o nulos. En ese esquema, se considera que si no se hubiese hecho ese gasto (derroche) de más de 300 millones de dólares y pérdida de 30 años y se los hubiese invertido en crear una nueva distribución de la propiedad de la tierra e impulsar una nueva forma de producción, otra sería la suerte del país.
Agravando el problema se mantiene, se amplía el aparato burocrático del INRA, se busca más financiación en el BID por 100 millones de dólares para continuar el saneamiento en los dos próximos años, se mantiene invariable la antigua distribución de la tierra y se prolonga los resabios en el sistema de producción feudal, lo que abre la pregunta ¿Si en 30 años se gastó 300 millones de dólares inútilmente, por qué en solo dos años se gastará 100 millones más?