Un aumento salarial en circunstancias en que apenas empieza la recuperación económica, tras la presencia devastadora de la pandemia del covid-19, que ha generado una recesión a nivel mundial y nacional, podría no solo frenar el lento avance alcanzado, sino provocar el cierre de empresas que apenas sobreviven.
En 2021 se tuvo una inflación del 0,9 %, ligeramente superior a 2020 que fue de 0,6 %, lo que refleja que el índice de precios de la canasta familiar aún está sin variaciones, manteniéndose el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, a inicios del año pasado, el Gobierno dispuso un incremento del 2 % al Salario Mínimo Nacional y ningún incremento al haber básico.
Cabe recalcar que en algunos meses del 2020 y el 2021 se tuvo una inflación negativa, que dio los indicios de un posible ingreso a una deflación, con los riesgos que ello representa para la economía nacional y que aún no se disiparon.
Los empresarios consideramos que un alza salarial para el 2022 pondría en riesgo las empresas formales, una de las pocas fuentes de empleo digno que quedan en el país, que también aportan con sus impuestos al desarrollo nacional. En este marco, el sector empresarial pide al Gobierno la sostenibilidad del empleo y para ello abstenerse de disponer un aumento salarial.
Para las MYPES, un aumento salarial provocará el cierre de empresas y consecuentes despidos de sus trabajadores, quienes se verían obligados a pasar a la informalidad, al precario empleo que tiene el 80 % de los trabajadores del país y que viven del día a día.
Todos los años ingresan el mercado laboral unos 150.000 jóvenes, quienes solo podrán ser informales, porque ni el Estado ni el sector privado formal podrán crear nuevos empleos.
No podemos desconocer que continúa la emergencia sanitaria por el coronavirus. El futuro de las empresas legales, que sobreviven a la pandemia y la crisis económica generada por este mal, están en riesgo y realizar un incremento salarial que solo beneficiará a no más del 20 % de la fuerza laboral del país, ahondaría la crisis en la que nos encontramos.
Solo en América Latina cerca de 26 millones de personas han perdido sus fuentes de empleo por la pandemia.
Según estimaciones del sector privado, por cada punto de aumento al Salario Mínimo Nacional (SMN) se podría perder 10.000 empleos formales. De acuerdo con datos oficiales, entre 2005 y 2020 el salario mínimo nacional casi se quintuplicó, pasando de Bs. 440 a Bs. 2.164 y el salario básico se duplicó.
El país ocupa el quinto lugar en el pago del salario mínimo más alto de Sudamérica, por encima de Argentina, Perú, Brasil y Colombia, pero ocupa el último lugar en productividad de la región.
Un informe del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad) señala que los incrementos salariales tuvieron uno de los efectos menos deseados: la disminución del empleo formal.
En 2013 las personas que tenían alguna actividad no formal y que no recibían el beneficio de un aguinaldo, representaban el 78,3 % de la población trabajadora. Pero en los años recientes este grupo subió hasta el 86,2 %.
Si a esta realidad sumamos los efectos del contrabando en la actividad privada formal, nos encontramos con una realidad más preocupante: si a fines del siglo pasado se estimaba que el contrabando llegaba a unos 1.000 millones de dólares al año, 20 años después subió hasta 2.300, mostrando un crecimiento mucho mayor que la economía formal.
La realidad nacional nos muestra a diario el aumento de la informalidad, mientras se hace más precario el empleo, bajando, al mismo tiempo, la calidad de la mano de obra.
Según Enrique Velazco, de la Fundación Inaset, la productividad promedio del trabajador boliviano está entre 3.000 o 4.000 dólares/año, mientras el promedio de la productividad en la región llega a 20.000 dólares. Si el país tendría una productividad como esta, su crecimiento anual podría llegar a un 10 %.
Como Cámara Nacional de Comercio estamos seguros que la fuerza laboral de nuestro país está más preocupada por la sostenibilidad de sus fuentes de empleo, que por un aumento salarial que pondría en riesgo su ingreso seguro, pues en términos monetarios el incremento no es muy significativo para el trabajador.
Este aspecto es el que deberían analizar el Gobierno, la COB y los empresarios, de acuerdo con lo establecido en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El autor es Académico de Número de la ABCE (Academia Boliviana de Ciencias Económicas).