Bolivia tiene una guerra dentro del Gobierno y la obligación de financiar a los dos bandos. Paz y Lara llegaron juntos para gobernar y han terminado necesitándose para tener a quién culpar. La fórmula electoral sigue unida por el presupuesto.
Paz le descubre a Lara un «perfil dictatorial» con la sorpresa de quien acaba de conocerlo. Lo llevó en la papeleta, pero ahora lo examina como si se lo hubiera enviado la oposición. Lara devuelve la cortesía: denuncia al Gobierno con la indignación de un ciudadano que olvida que es el vicepresidente. Ambos quieren conservar el cargo y dejarle al otro las responsabilidades.
¿Quién manda sobre quién? La pregunta les permite esquivar otra bastante más incómoda: ¿quién está gobernando? Lara busca obediencia donde no tiene mando; Paz encuentra autoridad en corregirlo. Si esa es la coordinación del binomio, habrá que confiársela a la Cancillería. Entre ambos ya hace falta un tratado de paz.
La disputa sería apenas ridícula si sus cargos fueran decorativos. Pero de ellos dependen decisiones, acuerdos y respuestas que afectan a millones. Un compromiso pierde credibilidad cuando puede ser desautorizado desde la propia Vicepresidencia. Un presidente que no logra articular su Gobierno llega debilitado a negociar con cualquiera. Sus adversarios reciben una ventaja gratuita: basta esperar a que el otro bando haga el trabajo.
Dentro del Estado, esa enemistad favorece algo peor que la discusión: la parálisis. Un funcionario pendiente de qué bando puede castigarlo tiene incentivos para demorar, cubrirse y endosarle la responsabilidad a otro. Afuera, alguien espera atención médica, una obra o una respuesta urgente. Lo que arriba se celebra como una victoria sobre el compañero, abajo puede convertirse en un día más sin solución. La demora no figura en sus partes de guerra. La paga el ciudadano.
Paz tiene una responsabilidad que ningún exceso de Lara le quita: conducir el Gobierno. No basta con parecer sensato al lado de su vicepresidente. Lara tampoco se vuelve ajeno al fracaso por denunciarlo a gritos. Se han repartido una coartada perfecta: el presidente tiene un vicepresidente imposible; el vicepresidente, un presidente incapaz. Así pueden fracasar juntos y declararse inocentes por separado.
En Viacha, las familias necesitaban información y una respuesta coordinada. Mientras esperaban respuestas, presenciaron la disputa de dos autoridades por demostrar quién merecía más respeto. Ese es el fondo de la desinteligencia: han hecho del cargo un derecho a ser obedecidos, mientras tratan la obligación de gobernar como una tarea que le corresponde al otro.
Viacha no mostró a un militar sublevado; mostró al Gobierno como en realidad es, desorientado, incomunicado y sin autoridad.
El autor es expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, docente universitario, analista político.