Los gobiernos no caen únicamente cuando pierden el poder. Comienzan a debilitarse cuando muestran incapacidad para ordenar el tiempo político. Esa diferencia es importante. Gobernar no consiste solo en administrar instituciones, recursos o conflictos. Consiste también en decidir qué tema ocupa el centro de la conversación pública, en qué momento y bajo qué interpretación.
Bolivia parece estar entrando en una etapa distinta de su crisis. Ya no se trata solamente de combustible, dólares, salarios o bloqueos. El problema empieza a ser otro: el agotamiento de la capacidad estatal para estabilizar expectativas.
Eso explica por qué conflictos distintos, incluso ideológicamente contradictorios, comienzan a superponerse en el espacio público. Transportistas, sectores sindicales, demandas salariales, tensiones por tierras, presión cambiaria, cuestionamientos económicos, hechos de corrupción, inseguridad y disputas políticas ya no aparecen como acontecimientos aislados. Empiezan a percibirse como partes de un mismo clima de incertidumbre.
Y en las crisis contemporáneas, la percepción de simultaneidad importa tanto como los hechos mismos.
El gobierno intenta responder sector por sector. Negocia con unos, contiene a otros, promete soluciones parciales y gana tiempo donde puede. Pero mientras administra conflictos, la agenda pública sigue desplazándose fuera de su control. Cada día aparece un tema nuevo que obliga a reaccionar. La política deja entonces de organizar los asuntos y comienza simplemente a perseguirlos.
Las demandas que en otro contexto habrían parecido marginales o simbólicas comienzan ahora a ocupar el centro de la discusión pública. La presión para reducir salarios en la Asamblea Legislativa, los pedidos de austeridad y las amenazas de movilización contra los privilegios políticos ya no expresan únicamente malestar económico. Expresan algo más profundo: la erosión de la legitimidad del sistema político en su conjunto.
Cuando las sociedades perciben dirección, toleran desigualdades, jerarquías e incluso costos materiales. Pero cuando la conducción comienza a desdibujarse, el poder deja de ser visto como capacidad de ordenar y empieza a ser percibido únicamente como privilegio. La discusión pública se desplaza entonces desde las soluciones hacia el castigo simbólico de quienes gobiernan.
Ahí emerge un fenómeno particularmente delicado: Evo Morales Ayma vuelve a ocupar un lugar gravitacional dentro del escenario político. No necesariamente porque controle directamente cada conflicto ni porque articule orgánicamente toda protesta social. Su importancia parece ser otra. Evo funciona como un polo simbólico de acumulación del descontento. Una referencia permanente alrededor de la cual distintos malestares pueden empezar a reconocerse mutuamente.
Ese es el problema para el gobierno.
Las crisis políticas no se vuelven peligrosas únicamente cuando existe una oposición fuerte. Se vuelven peligrosas cuando distintos conflictos empiezan a encontrar un punto común de interpretación. Y hoy el oficialismo enfrenta precisamente ese riesgo: demandas dispersas que comienzan a leerse como evidencia de una misma idea, la pérdida de conducción.
El problema ya no parece únicamente económico. Empieza a convertirse en una cuestión de confianza política.
En algún momento, las sociedades toleran incertidumbre si perciben dirección. Incluso aceptan dificultades materiales si creen que alguien comprende el tamaño del problema y conserva capacidad de control. Pero cuando esa percepción se desmorona, la crisis cambia de naturaleza.
La ciudadanía deja entonces de preguntar cómo se resolverá la crisis y comienza a preguntar si quienes gobiernan realmente saben qué hacer.
El autor es expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, docente universitario.