Durante más de un siglo, los conflictos en Medio Oriente han tenido consecuencias que trascienden con creces los límites de ese remoto territorio. Esto se debe a que allí se concentra una parte importante de la producción del petróleo y el gas, que hace funcionar la industria y el transporte mundial. Por eso mismo, la guerra Irán – EEUU – Israel, que ya involucra a una decena de países y que ha activado las alertas en cuatro continentes, no solo incide en los precios de la energía y en las cadenas de suministro globales, sino que también repercute en variables macroeconómicas clave.
Para Bolivia, el conflicto no pudo haber llegado en un peor momento. Cuando se restablecía la confianza en la economía y entreveíamos una solución a la crisis, la lejana contienda ya nos amenaza con daños que podrían intensificarse si se agrava o se prolonga en el tiempo.
El primer impacto es el precio internacional del petróleo, que escaló 30% en una semana y ya supera los cien dólares por barril. Considerando que nuestra economía depende en gran medida de la importación de diésel y gasolina, y que la producción interna ha caído en los últimos años, el incremento del precio de estos productos eleva el costo de las importaciones y presiona el gasto público, aumentando el riesgo de un mayor déficit fiscal. Esto podría complejizarse aún más debido a que el temor por la disminución del flujo de barcos cisterna en los océanos aumentará la demanda de los compradores, exigirá pagos al contado y nos pondrá en riesgo de adquirir gasolina o diésel insuficiente o de mala calidad.
En segundo lugar, puede generar tensiones sobre las reservas internacionales por el mayor costo de las importaciones, pero también, contribuir indirectamente a presiones inflacionarias y a la aparición de conflictos sociales, si el aumento del precio se traslada a la ciudadanía. Una disrupción prolongada en las rutas marítimas afectaría irremediablemente a sectores productivos que dependen del transporte, como la agroindustria, la minería o el comercio, los que enfrentarían aumentos significativos en sus costos operativos.
La situación es preocupante y puede tener consecuencias dramáticas en el corto plazo si no empezamos a asumir seriamente su gravedad. Posiblemente las soluciones estén en la oferta local, es decir la importación de mayores volúmenes de petróleo liviano del Brasil y Argentina, el aumento de la producción de nuestras tres refinerías y la importación de todo el diésel de esos mismos países, además de Estados Unidos.
Ante la evidencia de que la subvención se mantendrá hasta junio y que el diferencial de costos podría incrementarse en relación a los países vecinos, el riesgo de que aumente el contrabando es real. Esta circunstancia, obliga al gobierno a implementar un mecanismo más eficiente para enfrentarlo a través de un mayor control en las fronteras y de la imposición de sanciones drásticas contra este delito. Internamente, el aumento del precio de los carburantes parecería inevitable.
Más allá de sus resultados, esta crisis debiera impulsar a nuestro país a considerar la política energética como la mayor prioridad nacional y a aplicar medidas más radicales y expeditas para fortalecerla. Bolivia necesita profundizar programas para reducir la dependencia de los carburantes importados a través de la expansión de biodiesel y la aplicación de incentivos a la producción agrícola destinada a biocombustibles. También será necesario reimpulsar la exploración gasífera y petrolera atrayendo inversión en exploración, reactivando campos maduros y ampliando el volumen de reservas.
Las consecuencias y la incertidumbre que genera la guerra en Medio Oriente, puede ser la señal de alarma que Bolivia necesitaba para emprender reformas estructurales y emprender la transición energética, con la urgencia que la situación demanda. El conflicto ya está dejando huellas en nuestra economía y las dejará con mayor intensidad si escala.
El desafío actual es la anticipación estratégica, la coordinación institucional y la firmeza que se espera de los gobernantes. No se trata únicamente de resistir los efectos del conflicto, sino aprovechar el momento para impulsar una transformación productiva que fortalezca la sostenibilidad e independencia energética.
El autor es Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.