Así como van las cosas a nivel político en el país, viviendo en un total desorden institucional, en el que dos poderes del Estado no tienen poder alguno (Asamblea Legislativa Plurinacional-ALP y Órgano Electoral Plurinacional-OEP), concentrándose el poder absoluto en otros dos (Ejecutivo y Judicial), da la impresión que ni en 2025 podríamos tener elecciones generales para elegir a un nuevo gobierno constitucional.
Hoy el gobierno central está gobernando a plan de decretos supremos, algo similar a los decretos leyes con los que un gobierno militar de facto lo hacía en las décadas de los sesenta, setenta e inicio de los ochenta del siglo pasado. Donde no funcionaba un parlamento, para hacer un equilibrio de poder.
El gobierno del presidente Luis Arce Catacora, no tiene gobernabilidad plena desde la división que existe en el interior del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre arcistas y evistas. Tampoco su victoria lograda en noviembre del 2020 con el 55% le permitió tener los dos tercios en la ALP para gobernar holgadamente hasta el 2025. Siendo que los decretos supremos, son su principal instrumento para gobernar con el respaldo por detrás de las autoridades prorrogadas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y Órgano Judicial.
Una ALP sin poder en sus decisiones y eso que es considerada como primer poder del Estado, prácticamente huele a cadáver político. Perdió todas competencias y facultades que le otorga la Constitución Política del Estado (CPE). Su existencia hoy es nula, no justifica su presencia y menos los jugosos sueldos que cobran mes tras mes senadores y diputados.
Un OEP que perdió todo respeto como institución defensora de la democracia, hasta el punto que sus vocales que conforman la sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a nivel nacional, hoy juegan el papel de “chicos de mandados” de un simple funcionario judicial (juez constitucional departamental de La Paz) de menor jerarquía que ellos, ordenándoles a que vayan a supervisar el congreso del MAS-arcista llevado a cabo a principios de este mes en la ciudad de El Alto. ¿En qué quedó la independencia de poderes? o ¿el mensajero ordenando al jefe?
No habiendo elecciones judiciales desde el año pasado y no habiendo la voluntad política ni para cumplir su realización en la presente gestión, dando la señal clara de que se quedarán de manera indefinida en sus cargos los magistrados auto prorrogados, da a entender que incluso podrían auto prorrogar la gestión presidencial de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca más allá del 2025.
Si fuera así, se daría un golpe definitivo de muerte a la democracia. Ya no tendría sentido realizar ni elecciones judiciales ni elecciones primarias ni elecciones subnacionales para elegir a gobernadores y alcaldes. Tampoco tendría sentido el funcionamiento y gasto insulso en sueldos de la ALP y OEP.
La voluntad popular, sin duda, está subordinada a un TCP auto prorrogado. Sus acciones constitucionales desde los primeros días de enero de este año son nulas de pleno derecho, es decir, que no deberían causar efecto jurídico de ningún tipo en el ordenamiento legal constitucional. Aspecto que no cabría en un país que dice llamarse como señala el artículo 1 de la CPE: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías…”.
Además, que contradice a lo también establecido en el Capítulo Tercero-Sistema de Gobierno de la propia CPE en sus artículos 11.I. “La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria…” y 12.III “Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”.
Hasta antes de la llegada del MAS al poder en 2006, nunca se vio este tipo de atropellos y subordinaciones entre los poderes del Estado en nuestra democracia recuperada en octubre de 1982. Evo Morales, fue el primero en otorgar “suprapoderes” al TCP y contar con un “gobierno judicial” que, a fines de diciembre del año pasado, lo inhabilitó para participar en las elecciones generales fijadas para el 2025. Ahora está bebiendo de su propio veneno fabricado.
¿Será que el actual gobierno del MAS renovador o arcista, se valga del TCP auto prorrogado para auto prorrogar su mandato constitucional? Y como decía el ex director del Grupo Fides, Eduardo Pérez Iribarne, “le daremos tiempo al tiempo… él nos dirá qué sucede”.
El autor es Comunicador social.