Se acerca medio año y con ello las “tradiciones y costumbres” de dañar la tierra, con las quemas y desmontes que tienen su punto crítico entre agosto y septiembre de cada año con un promedio de 3,5 millones de hectáreas perdidas desde 2019. Ya conocemos de memoria las causas y los efectos, por tanto, es un deber evitar otro desastre ambiental y forestal.
En noviembre del año pasado, y tras las quemas que afectaron sobre todo a Santa Cruz, desde el Ejecutivo se anunció que existía consenso para abrogar la Ley 741 del 29 de septiembre de 2015 que autoriza los chaqueos hasta 20 hectáreas.
Sin embargo, ese solo fue un anuncio para las cámaras, porque desde el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) o la Autoridad de Control Social de Bosques y Tierra (ABT) nunca más se mencionó la palabra abrogación. Tampoco hubo ningún apoyo del oficialismo en el Legislativo, de ninguno de sus dos bandos, para aprobar nuestra propuesta contra las leyes ecocidas e incendiarias.
Como Cuarta Secretaria de la Cámara de Diputados, presenté el proyecto de ley para la abrogación de la Ley 741 que daba facultades al MMAyA para que realice una Auditoría Ambiental por los incendios forestales de 2023. El proyecto pasó a la Comisión de Región Amazónica y luego de una reunión con funcionarios del Ejecutivo solo se quedó en “analizar los datos” de la relación desmontes, chaqueos e incendios. Datos que, por desgracia, ninguna de las entidades del nivel central tiene.
Ahora, en mayo de 2024, conocemos la posición de la Vicepresidencia del Estado que en el conversatorio “Defendiendo la vida ante los incendios forestales”, reconoció ante la comunidad internacional que Bolivia alcanzó un promedio de 3,5 millones de hectáreas quemadas los últimos años, “lo cual refleja que se requieren políticas públicas y reformas normativas impostergables”. También se menciona la prohibición para que los propietarios que incurran en desmontes ilegales no sean sujetos a créditos o el extremo de la reversión de tierras en estos casos.
Pero el Gobierno continúa negando otro factor que incide en los incendios forestales: los avasalladores. Esos grupos irregulares y violentos que ingresan a nuestras áreas protegidas y tierras indígenas, para atentar contra el medio ambiente y contra los pueblos que cada año tienen que vivir tratando de evitar que el fuego llegue hasta sus hogares.
Este año podemos marcar la diferencia, con voluntad política, para abrogar las leyes ecocidas e incendiarias. Es tiempo de dejar el discurso y sentar las bases para políticas de prevención ambiental concretas, solo así se podrá evitar un nuevo año de desastre forestal en Bolivia.
La autora es Diputada Nacional.