Frustrada elección de magistrados

La Constitución Política del año 2009 ha establecido que los magistrados que deben conformar los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y Constitucional y el Consejo de la magistratura sean elegidos por votación popular. Previamente, en la Asamblea Legislativa se tiene que proceder a la preselección de postulantes para después someter a los escogidos a la consulta de la población.
Sin embargo, debido a la impertinencia del artículo constitucional que impone esa modalidad para que los magistrados sean elegidos, así como por la interposición de recursos legales por parte de candidatos inhabilitados, la elección judicial ha sido suspendida por cuarta vez. Y es que recientemente la Sala Primera Constitucional del Tribunal de Justicia de Pando ha aceptado un recurso presentado por una candidata que había sido inhabilitada en la fase de preselección. Por ello tal proceso a cargo de comisiones de la Cámara Baja también ha sido diferido, tal vez indefinidamente.
No obstante, “la madre del cordero” no se encuentra tanto en los antecedentes de dicha postergación, sino en el mismo artículo constitucional que establece un sistema de elección de magistrados nunca antes conocido en el mundo, es decir, que los candidatos son escogidos primero por la Asamblea Legislativa y enseguida, pasan a ser sometidos a votación popular. Esto significa que la población se ve ante la aberración de perder el sagrado privilegio de elegir a postulantes que sean de su agrado y no a los que escogieron asambleístas de manera previa.
Tan anormal parece ser la preselección de magistrados por comisiones parlamentarias, que el intento para aplicar ese sistema desde hace un año ha sido objeto de toda clase de obstáculos y percances, hasta que finalmente ha caído en el abismo de la oposición popular. Recordemos que la elección de magistrados por voto del pueblo fracasó en dos oportunidades anteriores y sus resultados fueron desastrosos, porque en la consulta a la población se impusieron los votos blancos o nulos.
Se llegó al extremo de que la opinión pública y hasta altos funcionarios del gobierno opinaron que ese método no servía y debía ser sustituido por otro de corte moderno. Pero el gobierno de turno, pese a esos fracasos, siguió adelante y fueron designados magistrados sin respaldo popular, ni suficientes méritos académicos. Naturalmente, tal medida gubernamental chocó contra el muro de la resistencia general.
Lo cierto es que la elección de magistrados por votación popular no garantiza que mejore radicalmente la administración de justicia, como anhelan angustiados litigantes en todo el país, sino que es urgente reformar la Constitución Política. Por otra parte, no reconocer equivocaciones y volver a cometerlas es caer en el fracaso, la estupidez y no brindar seguridad jurídica.