lunes, abril 29, 2024
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Caso Hotel Las Américas

El Estado abre proceso por ejecuciones y tortura en 2009

> Dos sobrevivientes del hecho informaron que el Estado abrió una investigación sobre las ejecuciones y violación a DDHH. > Piden a la población colaborar con pruebas y declaraciones para llegar a la verdad sobre los autores intelectuales y materiales de estos hechos.

Los dos sobrevivientes al operativo en el Hotel Las Américas, Mario Tadic y Elod Tóásó, informaron ayer que el Estado boliviano inició un proceso en la ciudad de Santa Cruz para investigar las ejecuciones extrajudiciales de tres ciudadanos extranjeros, tortura a los sobrevivientes y otras violaciones a derechos humanos cometidos en abril de 2009.
Las víctimas ejecutadas fueron los boliviano-húngaros, Eduardo Rózsa y Árpád Magyarosi, junto con el ciudadano irlandés, Michael Dwyer, cuya familia demandó al Estado pidiendo una suma cercana a los dos millones de dólares por resarcimiento de daños.
Mediante un comunicado difundido en redes sociales, los sobrevivientes extranjeros precisaron que también se investigarán las denuncias de tortura a los sobrevivientes y otras violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas de élite de la Policía Boliviana durante el operativo que tuvo lugar en el Hotel Las Américas, mismo que eventualmente derivó en el denominado caso “terrorismo”.
El comunicado indica que el caso fue asignado al Juzgado Sexto de Instrucción Penal de la ciudad de Santa Cruz y está registrado con el código de caso NUREJ 70264734. La investigación está a cargo de la Fiscal de Materia, Marioly Torrez Jurado.
Los sobrevivientes, quienes ahora residen en Europa, solicitaron a la ciudadanía colaborar con las víctimas y con la investigación aportando pruebas, (sean públicas o no), declaraciones y testimonios, con el objetivo de “llegar a la verdad sobre los autores intelectuales y materiales de estos hechos crueles y temerarios”, según se lee en el pronunciamiento.
CASO “TERRORISMO”
Elod Tóásó y Mario Tadic tuvieron que negociar con la Fiscalía de La Paz para someterse a un proceso abreviado ante el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, con el cual fueron sentenciados a una condena de cinco años y diez meses de prisión por la supuesta comisión del delito de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado en grado de complicidad.
Para entonces, ambos llevaban seis años recluidos en la cárcel, pero recuperaron su libertad inmediatamente después de cumplir sus penas. Días después, ambos salieron legalmente de Bolivia a través del paso fronterizo con Chile. El operativo fue dado a conocer a la opinión pública, a través de fotografías difundidas por ellos mismos en redes sociales.
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
En abril de 2009, la Policía Boliviana intervino el Hotel Las Américas y abatió a los tres extranjeros entonces acusados de alzamiento armado, en medio de un escenario político de conflicto, pues el Gobierno del expresidente, Evo Morales, se enfrentaba a una lucha política de líderes cívicos cruceños por la autonomía regional, a quienes acusó de “separatistas”.
Tras estos eventos, Morales sostuvo que él dio la orden de intervenir el edificio por considerar que existía riesgo para la seguridad interna. El caso fue después llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que recomendó al Estado boliviano investigar las ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos cometidos en el operativo policial.

SIN CONCILIACIÓN
La CIDH posteriormente falló en contra del Estado, al considerar que las ejecuciones fueron cometidas por efectivos policiales con una cantidad de proyectiles disparados a la humanidad de las víctimas, quienes estaban en total indefensión durante el operativo.
El mes pasado, el procurador general del Estado, César Siles, mencionó que la familia de Dwyer exigió “montos demasiado altos” como resarcimiento económico por la ejecución del irlandés. Los Dwyer habrían pedido un monto cercano a los dos millones de dólares.
Asimismo, Siles expresó que es “poco probable” que esta gestión el Estado pueda pagar sumas por laudos judiciales. Al no haber existido conciliación con la parte querellante en este caso, la demanda pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Hotel Las Américas en la capital cruceña.
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