A solo un día del juicio contra el exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, su traslado se ve en seria duda luego de que el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, sugiriese el traslado de los jueces de Santa Cruz a La Paz para la audiencia por el caso “Decretazo”, en vez de que el acusado sea trasladado a su ciudad como dicta un ordenamiento judicial.
La propuesta surge luego de que, con anterioridad, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, hayan descartado la posibilidad de trasladar a Camacho a la capital cruceña por “falta de garantías”. Ello no ocurrió el 11 de marzo, cuando el exgobernador debía ser trasladado para la fecha inicial de la audiencia.
“Hay una serie de alternativas como el traslado de los señores jueces (de Santa Cruz a La Paz) para que podamos cumplir con el principio de inmediación, pero es más y ya la tecnología y la propia pandemia nos ha permitido efectuar, yo diría audiencias, de carácter virtual”, sugirió Aguilera.
Asimismo, advirtió que un eventual traslado podría ocasionar una posible “convulsión social” que podría afectar el normal desarrollo de las actividades en esa región del país. Del Castillo y Limpias argumentaron lo mismo el pasado mes, luego de la frustrada audiencia por el caso de la aprobación, supuestamente irregular del Decreto Departamental 373.
SIN IMPEDIMENTOS
Sin embargo al discurso del Gobierno, la defensa del exgobernador cruceño aseguró repetidamente que no existe “ningún impedimento jurídico” para que nuevamente se impida el traslado, toda vez que todas las partes fueron debidamente notificadas con anticipación. A esto se suma el hecho de que la Justicia, mediante ordenamiento judicial, exigió que se garantice la presencia del acusado para el desarrollo del juicio.
El pasado viernes, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, desahució un eventual traslado de Camacho a Santa Cruz al nuevamente señalar que no existen condiciones para el traslado de la autoridad cruceña.
“No es el único proceso que tiene abierto el señor Camacho, guarda detención preventiva por otros procesos (…). Al tener juicios en dos ciudades distintas, no lo podemos trasladar todos los días de un centro penitenciario a otro”, sostuvo el ministro refiriéndose a la cercanía del otro proceso que Camacho enfrenta por el caso “Golpe I”.
Del Castillo recordó que la audiencia por el caso “Decretazo” fue diferida para el día 11 de abril. No obstante, días atrás se sorteó el juzgado para llevar adelante el juicio por el proceso del supuesto Golpe de Estado, en la capital paceña.
CAMACHO ES “PELIGROSO”
Tales argumentos expresados por autoridades del Estado para negar el traslado de Camacho evidencian la intensión de vulnerar el derecho al debido proceso y revelan un sometimiento de la justicia.
A tiempo de haber denunciado ante instancias internacionales que el Gobierno boliviano se niega a cumplir una orden judicial, asambleístas de la agrupación Creemos condenaron esta decisión del Gobierno y advirtieron una pugna por mantener a Camacho encerrado por simbolizar un trofeo político del régimen masista.
Para esta fuerza política, el Gobierno de Luis Arce tiene “temor” a que Camacho se reencuentre con el pueblo cruceño, el cual lo eligió para que asuma como máxima autoridad de su territorio.
En este sentido, el gobernador no sería un peligro para la población ni implicaría riesgo alguno de “tensiones” ni de “convulsión social” como afirman los voceros del Estado, sino que sería un verdadero peligro para el propio oficialismo, ya que “tuvo el valor de encabezar la lucha de todos los bolivianos contra el fraude de 2019”, según expresaron en redes sociales.
“Se trata de un proceso político sin fundamento por lo que es considerado un trofeo del régimen masista, razón por la cual se lo tiene ilegalmente detenido en la ciudad de La Paz vulnerando su derecho a un juez natural y, por otro lado, demuestra el poder absoluto del gobierno de Luis Arce sobre el Órgano Judicial, toda vez que, sin temor alguno a consecuencias jurídicas, deciden unilateralmente no cumplir con determinaciones judiciales”, expresó la bancada afín a Camacho.
Para Creemos, Camacho es un peligro para el masismo porque “representa la única opción seria y activa que defiende la democracia y alerta al pueblo boliviano y a la comunidad internacional que Luis Arce está llevando al país al desastre económico y a la dictadura”.