Solución al paro de salubristas pasa por eliminar disposición obligatoria

Desmintiendo las declaraciones emitidas por autoridades de Gobierno en rechazo a una posible jubilación obligatoria con la modificación de la Ley de Pensiones, el senador por creemos, Henry Montero, recordó que la “disposición adicional única” del polémico Proyecto de Ley 035, obliga a un examen médico para seguir trabajando a partir de los 65 años.
“Si se lee el análisis de la Comisión de Planificación, de la Cámara de Diputados, se establece la obligatoriedad y si lee el convenio de la Central Obrera Boliviana con el Gobierno, dice que le va poner un límite a la jubilación a los 65 años. La ley tiene que ser clara y sin subjetividades, esta ley dice: yo cumplo 65 años y si quiero seguir trabajando debo ir a una evaluación médica”, sostuvo Montero, rechazando las declaraciones de autoridades que tratan de negar esta realidad en sus intervenciones ante medios de comunicación.
En este sentido, el asambleísta de oposición, lamentó que no exista claridad en las versiones sostenidas por el Gobierno, lo que genera confusión en la población y un estado de alerta en los trabajadores del país.
Montero, además explicó que, el Gobierno del MAS y la COB alardean por un incremento salarial para los jubilados cuando no aportan ni un centavo para este fin, sino que son los mismos trabajadores “voluntarios” con mejor salario los que sacan “de sus bolsillos” los recursos para el aumento de los rentistas.
“Ustedes han decidido, en el objeto de la ley, que se les aumente los aportes a los jubilados, pero no es aporte del Tesoro General de la Nación (TGN), es aporte de quien gana más de 13.000 bolivianos. Ustedes han decido que seamos ‘voluntarios’, es el objeto de la ley, pero de contrabando han puesto esta Disposición Adicional para jubilar obligatoriamente”, argumentó.
En este contexto, advirtió la contradicción del Gobierno por alegar cuidar la salud de los trabajadores con el examen médico, mientras la Central Obrera Boliviana (COB) manifiestó que es para “generar mayor empleo”, pero quitando las fuentes laborales de los mayores para los jóvenes, lo que también demuestra la incapacidad o nula generación de empleos en el país.
“En su mano de ustedes está solucionar las movilizaciones de los salubristas, universitarios y el magisterio contra la jubilación obligatoria, dicen que está en la Cámara de Diputados cuando ustedes mandan a los diputados masistas con el voto corporativo para que no modifiquen ni una sola coma para que aprueben, así como está, como ha sucedido en la Comisión”, subrayó.
Montero, médico de profesión, agregó que la única salida al conflicto es que el gobierno retire la Disposición Adicional Única del proyecto de Ley 035 de Modificación de la Ley de Pensiones.
“Es fácil la solución de este tema, así no perjudican a quienes realmente están esperando de que se le aumente 1.000 bolivianos en su salario de jubilación, a pesar de que el Gobierno y la COB han decidido que usted, yo y otras personas seamos ‘voluntarios’ y que de nuestro bolsillo saquemos el dinero para esa solidaridad cuando el gobierno nunca es solidario”, sostuvo.
Ayer, el viceministro de Pensiones, Franz Apaza, destacó el porcentaje de trabajadores que se beneficiarán con un incremento en sus pensiones y pidió a la Asamblea Legislativa proceder con el tratamiento de la norma.
“Hay un plazo para la reglamentación de esta ley, ojalá que en instancias legislativas se pueda tratar y ya podamos hablar de su implementación. Se está incrementando las pensiones de jubilación, generando mecanismos de prevención para preservar la vida y la salud de los trabajadores a la edad de 65 años”, dijo.
Llamando a la reflexión de los sectores movilizados, Apaza sostuvo además que quienes reúnan las condiciones para seguir trabajando no tendrán problemas con el requisito del examen médico.
Desde el ala “evista” en el oficialismo, el diputado Héctor Arce, exigió que se dialogue con los sectores que se movilizan en contra de este proyecto de ley y adelantó que su bloque no aprobará la normativa sin los respectivos consensos.
“Hay que revisar este proyecto de ley, pero debe ser en consenso y acuerdo con los sectores”, anunció.