Este 23 de marzo, al conmemorar los 145 años de la defensa de Calama, no solo honramos un legado de coraje, sino que también reafirmamos la vigencia del derecho histórico de Bolivia a un puerto soberano en el océano Pacífico. En tiempos donde la desinformación suele opacar los hechos, es esencial clarificar la validez e importancia de este derecho.
En primera instancia, es fundamental reconocer que el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2018 no resolvió definitivamente la disputa marítima entre Bolivia y Chile. Esto se debe a que la sentencia, limitada en su alcance, no puso fin a la controversia. Al analizar el veredicto, se constata que la Corte solamente concluyó sobre la obligación legal de Chile de negociar una salida soberana al mar. Sin embargo, el párrafo 87 de la sentencia aclara que la obligación de negociar no conlleva automáticamente la obligación de llegar a un acuerdo. Así, incluso un fallo favorable a Bolivia no habría solucionado por sí mismo el diferendo marítimo.
El párrafo 88 de la sentencia complementa lo previamente establecido, reafirmando que la Corte se limitó a evaluar la obligación de Chile de entrar en negociaciones. De manera explícita, la Corte se abstuvo de emitir un juicio sobre el derecho de Bolivia a un acceso soberano al mar. Esto deja en claro que el asunto pendiente no se resolvió en La Haya. A pesar de la ausencia de una obligación jurídica para negociar, persiste el derecho de Bolivia de reclamar un retorno soberano a los puertos del Pacífico.
Pese a los argumentos presentados, existen voces que aún cuestionan la vigencia del reclamo marítimo boliviano, sosteniendo que la sentencia de 2018 debería ser suficiente para dar por concluido el asunto. No obstante, tales posturas suelen omitir un análisis exhaustivo e integral del fallo. Ignoran, además, la magnitud real de los daños causados por el enclaustramiento geográfico. Las soluciones sugeridas, como la promoción de un proceso de integración, no son más que remedios temporales para un problema de carácter estructural.
Además de constituir un derecho histórico, el acceso soberano al mar es una necesidad económica imperativa. De acuerdo con investigaciones realizadas por mi persona, un país sin litoral experimenta un flujo comercial internacional aproximadamente 15% inferior al de una nación con costa. Al aplicar este porcentaje a la economía boliviana, se traduce en una pérdida anual promedio de 11,7% del Producto Interno Bruto (PIB) a lo largo de las últimas décadas. La situación se agrava al considerar la inversión extranjera directa: los países sin acceso marítimo registran un flujo 60% menor comparado con los costeros. Para Bolivia, dicho porcentaje representa una pérdida adicional de 2,2% del PIB. Es evidente que el enclaustramiento forzado restringe significativamente el potencial económico del país.
La resolución del diferendo marítimo requiere un renovado enfoque en las negociaciones diplomáticas. Siguiendo la perspicaz observación de Alberto Ostria Gutiérrez, formulada hace más de cincuenta años, el desenlace del enclaustramiento geográfico de Bolivia debe ser abordado desde una perspectiva política, no jurídica. Esto permitiría considerar y satisfacer los intereses de todas las partes involucradas en un potencial acuerdo. La clave del éxito radica en contar con personal altamente capacitado y una estrategia bien articulada que maximice las posibilidades de lograr un resultado favorable. Solo así se podrá alcanzar una integración económica efectiva y mutuamente beneficiosa entre Bolivia y Chile.
La falta de una solución al diferendo marítimo no solo perpetúa una injusticia histórica, sino que también tiene implicaciones profundas para el futuro económico de Bolivia y la estabilidad regional. La persistencia de este enclaustramiento puede exacerbar las desigualdades económicas y socavar los esfuerzos de integración en la región. Además, la resolución de este diferendo podría sentar un precedente positivo para la resolución de disputas similares, promoviendo la cooperación y la confianza mutua en el ámbito internacional.
La resolución de esta problemática es el único camino hacia un entendimiento amplio y duradero con Chile. Indudablemente, es bajo estas nuevas condiciones que se podrá forjar una integración económica sustancial y efectiva entre ambas naciones.
El autor es Economista y diplomático de carrera.