El Procurador General del Estado, en conferencia de prensa, declaró que no se cuenta con dólares para pagar a algunos abogados por laudos arbitrales y, por supuesto, por resoluciones de organismos internacionales que tienen que ver con la defensa de los Derechos Humanos y las inversiones privadas en el país, ante demandas de ciudadanos y empresas por afectación a sus derechos e intereses.
Llama la atención que el funcionario a cargo de la defensa de los intereses Estado, sostuvo que la resolución de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, (CIDH), para el pago de dos millones de dólares que demanda la familia de uno de los asesinados en el Hotel Las Américas, no puede ser atendido, pues: “eso es muchísima plata para el Estado Boliviano” (EL DIARIO, 09.03.24). La Corte Interamericana estableció que el irlandés Michael Dwyer perdió la vida de manera “arbitraria”, recibiendo seis disparos extremos y fatales en completa indefensión.
Otras demandas de individuos y empresas al Estado boliviano, fueron unas originadas en vulneraciones a los derechos Humanos por autoridades y agentes gubernamentales, y otras por las nacionalizaciones (estatizaciones) del régimen populista en su anterior versión, que por impulso de un errático izquierdismo implementó el gobierno de Evo Morales, y cuyos efectos debemos pagarlos todos los bolivianos, pues los recursos públicos son de todos los habitantes del Estado.
Los ciudadanos sabemos que estamos atravesando un momento crítico en lo económico, en especial por la carencia de dólares en el mercado y la subida de su precio en más del 15% en el mercado paralelo, lo que ha determinado que los productos que son importados hayan subido de precios hasta un 30% y también los que se producen internamente, con el argumento de los insumos que se debe importar para elaborar otros de factura nacional.
Los procesos de deterioro económico, arrancan en un tiempo y terminan en otro. El tiempo de las “vacas gordas” comenzó en nuestro país entre los años 2006-2008 y el proceso de deterioro en 2014, ambos por la subida y caída de los precios de las materias primas que exportamos, en especial hidrocarburos y minerales. Ahora el gobierno, luego de haber aceptado la situación económica delicada, ha tomado algunas medidas de acuerdo con algunas organizaciones empresariales, pero a la luz del análisis frio¸ son medidas de corto alcance, que no llegan a la raíz del problema.
Los cuadros de crisis económica y social en el pasado siglo, como nos enseña la experiencia histórica de los primeros años de la Revolución Nacional, y el cuadro de hiperinflación del gobierno de la UDP, fueron superados, el primero con el plan Eder y el segundo con el Decreto Supremo 21.060, medidas radicales de “shock” que frenaron el cuadro de deterioro. Esas medidas heroicas, son las únicas que pueden frenan un proceso de deterioro económico, que de seguir su curso pueden llegar al colapso. En la experiencia de la UDP, se tomaron muchas medidas “parche” que no pudieron resolver la crisis.
Esta situación, le ha llevado al Procurador del Estado, a declarar que no se cuenta con dólares para cumplir lo que determinan las resoluciones de organismo externos, de los cuales somos signatarios, y nos lleva a desnudar el cuadro de crisis. El Estado no tiene dólares para pagar a los demandantes, por medidas de gobierno que atentaron contra derechos fundamentales. El costo es el pago y resarcimiento por las afectaciones a derechos privados.
El Procurador anunció que ha enviado un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, para que los pagos y costos por demandas al Estado, sean cubiertos por los responsables de actos ilegales que dañan intereses particulares y que luego afectan el erario nacional. Esta medida de “repetición”, en buena medida ha de limitar los excesos de poder de funcionarios y empleados que suelen atentar contra derechos establecidos de personas y empresas.
Lo que nos alarma de las declaraciones del Procurador del Estado, es que el gobierno que administra el Estado, no cuente con dos millones de dólares para cumplir con la resolución de la CIDH, ni para pagar los honorarios de profesionales abogados contratados. Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿cuán grave es la situación económica en el país, que el Estado no cuenta con dos millones de dólares?
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.