Ante la propuesta del Gobierno de instalar alrededor de 150 plantas industriales en el país, el docente e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Lucio Tito, alerta que éstas deben ir de la mano de la oferta de productos agropecuarios, mediante la coordinación de todos los programas, de lo contrario se corre el riesgo de alejarse más de la seguridad y soberanía alimentaria, así como el fracaso de la propuesta gubernamental.
En su momento, Tito lamentó que la falta de políticas públicas no haya ordenado el apoyo al sector agroproductivo, debido a que la duplicación de intervenciones entre las 47 instituciones del Estado (descentralizadas, desconcentradas, autárquicas) no lograron impactos positivos y tampoco mejoras en la calidad de vida de la población, principalmente, rural, y este panorama se refleja en el distanciamiento de una seguridad y soberanía alimentaria.
La industrialización con 150 plantas a desarrollarse en el país, donde en el departamento de La Paz, por ejemplo, se contemplan 43, en el fondo es una oportunidad que no debemos de desaprovechar para mejorar la calidad de vida, generar riqueza para los actores fundamentales de la cadena agroalimentaria que son los productores primarios (876.000 UPAs).
“…que me parece bien (industrializar) pero no estamos generando excedentes para brindar materia prima, ya que a cada habitante no le podemos quitar su alimento”, apuntó a tiempo de indicar que el consumo de alimentos se incrementó en los últimos años, de acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística (INE).
A pesar de las buenas intenciones del Gobierno en implementar plantas industrializadoras, sino se planifican adecuadamente, correrán la misma suerte de las actuales empresas estatales, donde la mayoría es deficitaria y genera gastos al Estado y provoca incremento del déficit fiscal, según la opinión de varios economistas.
En su momento, el economista Gonzalo Chávez, dijo que se debería frenar esos emprendimientos ante la falta de liquidez de parte del Gobierno, además sugirió poner más atención al capital humano para acelerar la industria tecnológica, así como la digitalización, e ingresar en la quinta revolución industrial.
Canasta familiar
en bolivia
Tito explica que la canasta familiar en Bolivia se va reduciendo, de acuerdo a estadísticas oficiales. En el 2024, el consumo de alimentos agropecuarios por habitante se redujo, y apenas llega a 46, lejos de la cifra del 2000, año en que se alcanzó a 76.
Según el INE, en los últimos 10 años, por ejemplo, el consumo de papa se elevó un 9% (de 104 a 113,5 kg/hab/año), pero este incremento está ligado a la comida rápida. La cebolla de 7,1 a 9,2, lo que representa un incremento de consumo en un 18,6%, el tomate subió a 6,71 Kg/hab/año, la zanahoria a 6,1. Entre las carnes, el consumo de pollo aumentó un 35,8% (de 32.6 a 44,26 kg/hab/año). La carne de res también experimentó una subida de 20,2 a 22,59 kg/hab/año que representa un 11,8%, pero se registró una disminución en el consumo de pescado, quinua, cañahua, camote, papaliza, racacha y yuca.
Inseguridad
alimentaria
El experto en temas agrícolas nombra los posibles escenarios que puedan dar lugar a la inseguridad alimentaria, como la desesperación de las familias bolivianas por conseguir alimentos básicos agropecuarios en las urbes y en áreas rurales, también nombra la posible especulación y ocultamiento de productos por intermediarios y elevación de precios.
Asimismo, señaló que el desconocimiento y falta de hábito en el consumo de alimentos de origen agropecuario de alto valor proteínico (quinua, cañahua, tarwi, amaranto, papaliza, isaño, yacón, carne de pescado, carne cute y otros), también puede incidir en la inseguridad alimentaria.
A eso se suma, el consumo de alimentos producidos más por la agroindustria que por los pequeños productores familiares. Esta tendencia alcanzó también a los propios productores agrícolas a nivel familiar, reflexionó.
Pero eso no es todo, los conflictos sociales y posibles nuevas pandemias pueden provocar inseguridad alimentaria, así como la concentración en consumo de algunos productos; el despoblamiento rural es una constante de los últimos años.
El escaso fomento a la producción ecológica, aceleración de los procesos de degradación de los suelos, la ausencia en el uso de semillas mejoradas, bajo rendimiento de la producción agrícola, cambio climático, falta de interacción entre productores grandes, medianos y pequeños y, finalmente, la comida rápida, son amenazas latentes.
Plantas
El Gobierno impulsa 150 plantas de industrialización y alrededor de 74 están orientadas al desarrollo agropecuario medio ambiental y productivo, donde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) debe garantizar el abastecimiento de materia prima excedente.
“Más de 150 plantas serán la esencia de la industrialización e integrarán un aparato que revolucione los sistemas productivos en todas las zonas estratégicas que aportan al fortalecimiento de pequeños, medianos y grandes productores”, revela la revista Industrialización Rumbo al Bicentenario, publicada por el Ministerio de la Presidencia.
El MDRyT a la cabeza del nuevo ministro Santos Condori, debe garantizar el éxito de las plantas que transformarán productos agropecuarios, y por ello deberá fortalecer toda la producción primaria para generar excedentes para destinar a los emprendimientos públicos, ya que con la actual producción sería quitar alimentos a las familias de las UPAs del país, según Tito.
Plantea que se debe reordenar el accionar de los 26 programas y proyectos (Iniaf, Senasag, PACU, INSA, Empoderar, Nuestro Pozo, Pro Camélidos, Fonadin, Ipdsa, etc.) para fortalecer la asistencia técnica, dotar de semillas e insumos de calidad, fomentar riego a todo nivel, desarrollar planes de contingencia, atender temas sanitarios de plagas y enfermedades, establecer manejo adecuado de suelos, trabajar con crédito rural, fomentar la industrialización a todo nivel para generar riqueza para los productores y alejarlos de la extrema pobreza.
Por ello propone la regionalización del país en 19 zonas agroproductivas, que dará lugar la reestructuración del accionar institucional a nivel nacional, con el objetivo de mejorar las actividades agrícolas, ganaderas, piscícolas, agroforestales y otros en beneficio de optimizar rendimientos, mejorar ingresos y, principalmente, cuidar los recursos naturales de manera sustentable.
