Respaldo social a guardaparques

Cada vez salen a la luz pública más detalles sobre la minería aurífera en el país, por los cuales se deduce que esa actividad mueve ingentes recursos económicos, sin que, empero, las arcas nacionales reciban los tributos que corresponden. Al respecto, mediante medios de comunicación se sabe que detrás de las cooperativas mineras están empresarios nacionales y foráneos que obtienen jugosas ganancias al obrar de manera furtiva para eludir el pago de impuestos.
Además, las cooperativas mineras irregulares al ser afines al oficialismo, no son objeto de medidas drásticas para evitar que incursionen inclusive en parques nacionales para explotar oro, dejando, además, como saldo contaminación de aguas con mercurio y metales pesados, lo que daña la salud de poblaciones nativas y degrada el medio ambiente. Esa actividad minera irregular, que moviliza gran cantidad de dinero, también cambia las costumbres de los pobladores, que llegan a enviciarse.
Por ese poder económico e influencia política que ha obtenido ese sector minero, siguen intentando ingresar a las reservas naturales, como el parque Madidi, lugar de enorme biodiversidad que se encuentra en el norte de La Paz, donde son notorias actividades mineras ilegales en los ríos. Lo peor es que a pesar de los grandilocuentes discursos del gobierno en sentido de que se respeta a la pachamama, unos cuantos guardaparques han sido designados para resguardar esos tesoros naturales. Por ello esos valientes vigilantes cuando cumplen con su noble labor de preservación, son acosados por mineros ilegales y avasalladores de tierras.
Hace poco los guardaparques Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz fueron enjuiciados por denunciar las agresiones de un cooperativista minero cuando introducía, sin permiso oficial, maquinaria pesada al Parque Nacional Madidi. Lo insólito es que desde el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), se dijo que dicha entidad no podía abogar por los guardaparques porque “se trata de un proceso privado”, actitud que ha provocado repudio en gran parte de la población. Y es que se trataba de sancionar a quienes solo hacen su trabajo, por el cual más bien deberían ser reconocidos y recibir mayor apoyo del Estado, tratándose del cuidado de áreas protegidas por ley.
Al contrario de la indiferencia gubernamental, varios sectores de la sociedad civil hicieron conocer apoyo a los dos guardaparques acechados por intereses de la minería aurífera ilegal. Instituciones ambientalistas y población civil exigieron que sea corregido tan craso error de enjuiciar a quienes protegen reservas naturales. Felizmente, una jueza de la localidad de Apolo ha absuelto a los dos guardaparques enjuiciados por “difamación” a un cooperativista minero que trató de entrar con maquinaria al Madidi sin autorización. Lo más importante es que no se ha sentado precedente de favorecimiento a quienes tratan de amedrentar a los verdaderos defensores de la madre tierra.