¿Y si destituyen a los magistrados?

La prórroga de alrededor de cien magistrados de las altas esferas del Órgano Judicial, está originando una nueva escalada en la crisis política que agita al país con motivo de las elecciones populares para solucionar el problema.
El conflicto empezó cuando los magistrados elegidos y designados cinco años atrás, terminaron sus labores, cumpliendo el plazo de su gestión. Pero en ese término no se procedió al cambio de esas autoridades judiciales, debido a que sus reemplazantes no habían sido elegidos según la disposición constitucional. Esos jueces no sabían qué hacer, o renunciar a sus cargos o ser ratificados, porque en caso contrario –se dijo desde el oficialismo– se produciría un “vacío de poder”, quedando procesos legales detenidos.
Se esperaba la solución de ese gran embrollo de alguna forma y los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) recurrieron a la única “salida” posible para ellos, que era prorrogar en sus funciones a todos los magistrados. Sin embargo, esa fórmula no resolvió la crisis y más bien se agravó, debido a que la prórroga era inconstitucional y tenía otros defectos.
El espinoso asunto quedó finalmente en suspenso, porque los partidos de Evo Morales, Carlos Mesa y otros decidieron discutir y resolver el intrincado asunto y, por ende, de momento el caso está en manos de los parlamentarios, cuya mayoría exige que se cumpla lo que establece la Constitución Política y, por tanto, los magistrados cuestionados dejen sus funciones y se vayan a sus domicilios.
Si la Cámara de Diputados procede a enjuiciar y declarar que la prórroga en vigencia es ilegal, los magistrados deberán dejar sus asientos o bien se producirá una nueva crisis política, aumentando así la tensión social.
¿Pero, qué sucederá en caso de que se apruebe la expulsión o pedido de renuncia de los tribunos autoprorrogados? En primer lugar, una renuncia a sus funciones parecería insólita, porque no tienen ante quién renunciar, pues no pueden pedir la renuncia a sí mismos. Incluso en caso de hacerlo, ocurriría el temido “vacío de poder”. Es más, ese hecho determinaría que se agrave la crisis política nacional.
Si se procediera a la expulsión de los magistrados prorrogados, el asunto sería peor, por el principio de que se prohíbe a los funcionarios públicos hacer dejación de sus funciones mientras no tengan reemplazos y si lo hacen serán objeto de sanciones. Tampoco pueden irse a sus casas, pues se produciría el “vacío de poder” en la Justicia. Es decir que la expulsión parlamentaria significaría otra violación a la Constitución Política.
Por otro lado, hasta que se produzcan las elecciones mediante voto popular para elegir magistrados, aún pasará mucha agua bajo los puentes y como se trataría de varios meses, no habría quiénes atiendan los numerosos casos que están en trámite en el Órgano Judicial, con sede en Sucre.
En esa forma, el problema está en un callejón sin salida.