Los integrantes de la Cámara de Diputados acaban de protagonizar un escandaloso episodio de violencia que fue puesto en evidencia para la ciudadanía mediante los canales de televisión y los medios de prensa escrita. Esa batalla campal no solo causó mayor desprestigio para ese organismo parlamentario, sino también grave perjuicio a las elecciones de magistrados.
Es más, ese suceso se produjo en momentos en que se estudiaba varios proyectos de ley para sancionar créditos monetarios de magnitud para realizar obras públicas, por alrededor de 800 millones de dólares, como paso previo para considerar el espinoso asunto de la prórroga de los tribunos del Órgano Judicial, cuya suerte se encuentra en debate.
El enfrentamiento entre diputados partidarios del oficialismo y sus contrarios causó vivo efecto sobre la población, ya prácticamente cansada porque el asunto de la elección de magistrados dura más de un año y que, en vez de avanzar, es objeto de férrea oposición en ambos bandos, sin que se pueda lograr consenso.
Durante los meses en los que hay debates sobre dichas elecciones, se registraron innumerables incidentes, entre ellos el rechazo a proyectos, la oposición del Senado, las vacaciones de fin de año, el deseo de que la aprobación de créditos esté condicionada, la cuestionada preselección de candidatos a los altos cargos judiciales y otros problemas agudos que causaron mayor desprestigio de la Asamblea Legislativa.
En ese sentido, la población en general ha mostrado una creciente actitud crítica sobre la auto prórroga de los magistrados y, finalmente, notable resistencia a las desprestigiadas elecciones de magistrados por voto popular, recordando que fracasaron dos veces anteriormente.
En síntesis, se puede observar que en la Asamblea Legislativa se mantienen los obstáculos para resolver el problema de los magistrados, así como aumenta la resistencia ciudadana a que sean elegidos por votación popular, con un costo de alrededor de 180 millones de bolivianos y sin que se vea que servirá para cambiar la deficiente administración de justicia debido a la carencia de jueces probos, que no sean preseleccionados y elegidos por comisiones legislativas parciales. Por ello, a fin de cuentas, la ciudadanía podría no ir a votar por los que en forma previa fueron “elegidos” entre cuatro paredes.