Bolivia es un territorio lleno de paradojas y contradicciones. Algunos ingenuos, sobre todo desde la comodidad de países más felices, aprecian este carácter pintoresco y original. Es siempre una distracción interesante y bienvenida en sociedades previsibles hasta el aburrimiento. Otros, la mayoría, oscilamos entre el espanto y la perplejidad frente a comportamientos poco más que irracionales e incluso suicidas.
No faltan ejemplos de esta pasión boliviana por la autodestrucción, desde la persistencia de supersticiones primitivas hasta el inquebrantable amor por caudillos de pocas luces y moral elástica. Ninguno, sin embargo, es más ilustrativo y revelador que nuestra tolerancia, e incluso afecto, con los bloqueos de caminos.
Varios caminos estuvieron cerrados durante semanas, luego de que Evo Morales, el caudillo fugado, decidiera presionar a sus antiguos compañeros de partido. Uno pensaría que el país no puede permitirse semejante perjuicio, cifrado en cientos de millones de dólares, especialmente en puertas de una severa crisis económica. No obstante, casi nadie objetó la legitimidad de esta medida de presión, criminal como pocas. Antes bien, la Defensoría del Pueblo habló del derecho a la protesta e incluso tuvimos a un viceministro que ponderó la importancia “cultural” de los bloqueos. Como si se tratara de una tradición tan colorida y anodina como el Carnaval…
Urge encontrar una explicación frente a estos delirios, así sea únicamente para conservar la cordura. ¿Cómo es posible que secuestrar a la población por causa de mezquinas luchas políticas constituya un derecho? ¿Qué lógica tiene equiparar el crimen de cortar caminos con una entrada folklórica?
Quizás puede aproximarse una explicación a partir de la creencia, absurda a todas luces, en la superioridad moral de ciertas categorías sociales, en particular de aquellas que pueden pretender la codiciada credencial de oprimido. Al respecto, recordemos que la academia y la izquierda nos vienen diciendo desde hace décadas que ciertos crímenes son justificables y hasta necesarios si los comete alguien que declare su carácter de víctima del sistema. Y hablamos de categorías que difícilmente parecen muy vulnerables: cocaleros, contrabandistas, avasalladores de tierras, etc.
La credencial de oprimido les permite a sus felices poseedores gozar de la más absoluta impunidad, hagan lo que hagan. Se comprende entonces que tanta gente luche para ganarse el estatus de víctima eterna. Así, por ejemplo, estos ciudadanos privilegiados pueden bloquear carreteras, secuestrar a sus compatriotas y paralizar la economía, sin asumir la más mínima responsabilidad por ello. Incluso se los premia, con títulos póstumos e importantes montos de dinero, cuando intentan cosas tan disparatadas como dinamitar una planta de combustible.
Frente a los detentores de estas licencias para el crimen se me ocurre una idea revolucionaria: ¿qué tal si todos gozamos de los mismos derechos y, sobre todo, asumimos idénticas obligaciones? Sé que las eternas víctimas no estarían muy felices, pues sus credenciales de oprimidos perderían todo valor, pero seguro que los ciudadanos, la mayoría, saldríamos ganando.
El autor es politólogo.