Desde hace aproximadamente quince años, una de las medidas a la que más recurrieron sectores sociales afines al MAS ha sido el bloqueo de caminos, particularmente para imponer designios partidarios, a pesar de declaraciones de sus portavoces en sentido de que era por el bienestar general, ofreciendo un “proceso de cambio”, supuestamente para mejorar la situación del país. Sin embargo, las consecuencias perjudiciales de los bloqueos de vías para la mayoría de la población han desmentido esa retórica interesada.
A pesar de muchos antecedentes de enormes daños económicos para sectores productivos y millones de bolivianos que dependen de sus actividades diarias para sustentar a sus familias, persiste el afán de interrumpir el libre tránsito por caminos y carreteras. Al respecto, hace poco, mediante la prensa, Luis Laredo, presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), manifestó que, en las primeras dos semanas de este mes, ese departamento soportó siete días de bloqueo, con perjuicios por 115 millones de bolivianos. Como es obvio, esa medida irracional desalienta a sectores productivos, sin que las autoridades nacionales actúen oportunamente para evitar tales problemas que ponen en duda la seguridad jurídica. Así se pone en riesgo fuentes de empleo, inversiones privadas, pago de impuestos al Estado y se pierde mercados para exportar diversos productos.
Pero siguen apareciendo amenazas de bloqueo de caminos. Hace pocos días el Pacto de Unidad que respalda al expresidente Evo Morales anunció un “bloqueo indefinido de carreteras a nivel nacional”, hasta que renuncien los magistrados autoprorrogados. Tal decisión fue asumida después del primer día de marchas de protesta contra esos magistrados en la ciudad de Sucre, que fueron reprimidas por fuerzas policiales. Poco después, luego de la renuncia de dos magistradas, ese Pacto de Unidad dio un nuevo plazo para que otros tribunos dejen sus cargos. Si no lo hacen hasta el 19 de enero, iniciarán los bloqueos de caminos desde el 22 de enero, a pesar de la protesta general.
Sobre el origen de semejante conflicto, sectores no oficialistas aducen que Morales recurre a bloqueos para que no sea anulada su candidatura a la presidencia en 2025, la cual ha sido rechazada por el Tribunal Constitucional Plurinacional que sentenció que la reelección indefinida no es un derecho humano, es decir que no se puede ejercer mandato dos veces de forma continua o discontinua. Por su parte, Morales manifestó que no apoya el bloqueo de caminos, pero llama la atención que siendo considerado líder indiscutible del masismo, no asuma una posición radical para evitar la aplicación de tal medida.
Lo cierto es que millones de bolivianos siguen sometidos a conflictos iniciados por mezquinos intereses partidarios, en este caso del oficialismo, que se ha divido en dos bandos, pero que en conjunto tiene la responsabilidad de la situación económica crítica en la que se encuentra Bolivia, al dilapidar los ingentes recursos económicos recibidos por la venta de gas a países vecinos. Y también es responsable del estado lamentable en que se encuentran las instituciones del Estado, como las relacionadas con la justicia.