Mediante un pliego petitorio nacional, por la defensa de los bosques, los territorios, el agua y la vida, activistas y organizaciones medioambientalistas alzan la voz y piden basta de “ecocidio”, demandan declaratoria de desastre nacional, denuncian indolencia de parte del Gobierno y ministerios correspondientes, a quienes acusan de minimizar la situación de los incendios, por lo cual se les deberá de hacer procesos por incumplimiento de deberes, además de provocar pérdidas y daño económico, crimen ambiental y atentado a la salud pública.
“Desde la promulgación de una serie de leyes ambientales ecocidas y ante la inacción de todos los niveles del Estado se han incendiado más de 10 millones de hectáreas y contaminado ríos y pueblos indígenas con mercurio, destruyendo ecosistemas en desmedro de más de 12 millones de bolivian@s que clamamos por agua, alimentación sana, protección de la vida y resguardo de la salud pública. Es por esto que demandamos: Declaratoria de desastre nacional, no se concibe tanta indolencia del Gobierno, los ministerios correspondientes y los gobiernos subnacionales, a quienes se les deberá de hacer procesos por incumplimiento de deberes en el marco de la Ley 602 y los derechos humanitarios por minimizar la gravedad de la situación, provocando pérdidas y daño económico, crimen ambiental y atentado a la salud pública”, señala parte del pliego.
El documento contiene 22 puntos, en los que están peticiones, por ejemplo de abrogación de todo “el marco normativo incendiario”, citando normas como las leyes 337, 502, 739, 740, 741, 952, 1098, 1171, además de los decretos supremos 3874 y 3973.
También piden “establecer una pausa ambiental y/o moratoria a la deforestación y ampliación de la frontera agrícola con excepción de las prácticas tradicionales de los Pueblos Indígenas e iniciar una cumbre nacional con participación de las organizaciones ambientales y activistas, instituciones científicas y otros afines para la construcción de un nuevo marco normativo a la temática que garantice la alimentación para la vida y la vida de los bosques”.
DEMANDAS
Piden la reversión las concesiones mineras en áreas protegidas, territorios indígenas, áreas forestales y en los cauces de ríos, en cumplimiento de los artículos 373 al 377 de la Constitución Política del Estado Plurinacional.
Asimismo, se debería prohibir la otorgación de derechos mineros en Áreas Protegidas y se debe garantizar el cumplimiento de la Resolución de la Acción Popular AD Nº06/2023 de 09 de septiembre de 2023.
Entre las tareas de las autoridades se tiene que priorizar la protección de las fuentes de agua, ríos, lagunas, acuíferos y glaciares, paralizar todos los mega-proyectos hidroeléctricos y de carreteras, así mismo aplicar mecanismos de reposición de la calidad del agua en los ríos contaminados por metales pesados, conforme a lo estipulado en el artículo 374 y 376 de la CPEP y el artículo 27 del Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (D.S. N° 24782 del 31/07/1997).
El Gobierno nacional, departamentales y municipales deben garantizar el derecho a un medio ambiente sano (CPEP, Art.33). Además, “exigimos la real protección y conservación del Madidi y la Amazonía como los pulmones del mundo, generador de ríos voladores para las ansiadas lluvias y restaurando estos santuarios naturales, fuente y garantía de vida para nuestras futuras generaciones. Exigimos auditoria inmediata a los certificados de compatibilidad de uso (CCUs) otorgados por el Sernap en el Madidi, Apolobamba, Cotapata, Pilon Lajas, Tunari y otros desde el 2015”.
Asimismo, el pliego demanda dar estricto cumplimiento al Acuerdo de Escazú respecto a acceso oportuno a la información ambiental y el libre acceso a la justicia en asuntos ambientales, se garantice el respeto a los defensores ambientales, se fortalezca las capacidades de los operadores de justicia ambiental y climática, desarrollando una formación especializada en derecho ambiental para los operadores de justicia administrativa y judicial.
Se debe realizar “auditorías integrales a la AJAM, al Sernap, la ABT, el INRA y el Ministerio Público por las sistemáticas deficiencias en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, incluyendo la revisión de las regulaciones internas emitidas, para verificar su adecuación a los mandatos de la Constitución Política del Estado”, se lee en el escrito.
Asimismo, piden que la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) sancione cada año por lo menos el 95% de los casos de incendios y desmontes ilegales. Que la subvención a los combustibles sea restringida a los sectores, personas o compañías que generan deforestación (soya y ganadería entre otros) y que sea recanalizada a favor de actividades económicas que si tienen un uso sostenible los bosques (como el aprovechamiento de la castaña y el asai, o el turismo).
INFORME
Por otro lado, según el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, en el país no hay incendios descontrolados y que todos son combatidos. Informó que el fuego persiste en seis municipios de La Paz, Santa Cruz y Beni.
“No son incendios de magnitud, no son descontrolados y están siendo combatidos en la misma proporción y tiempo, todos están siendo atendidos”, expresó la autoridad.
En Santa Cruz, los incendios se reportan en San Ignacio, cercano al parque Noel Kempff Mercado; San Matías, en el sector de Pozones. En Beni, en los municipios de Rurrenabaque y Loreto. “La mayor cantidad de incendios en Rurrenabaque están controlados, solamente tenemos que ingresar a la etapa de enfriamiento”, sostuvo.
Respecto a La Paz, indicó que el incendio está en los municipios de Mapiri y San Buenaventura. En este último lugar, “estamos haciendo el trabajo vía aérea y vía terrestre para contener los lugares donde todavía existe fuego activo, que para nosotros no son fuegos desbordados, son columnas de humo dispersas en lugares, pero que están siendo combatidos por tierra y aire”.
Reiteró que en la comunidad de Buena Vista (San Buenaventura) el fuego consumió a cuatro viviendas y un vehículo, además, detalló que 40 personas fueron evacuadas de esa comunidad.
Informó que, hasta ayer, Bolivia reportó 3.336 focos de calor, de los cuales 2.457 están en Beni; Santa Cruz presenta 870; La Paz, 220; Cochabamba, 86; Pando, 2 y Tarija, 2; empero explicó que puede deberse a distintas causas y no solo por incendios.
AYUDA
El Comandante Departamental de la Policía, Edgar Cortés, señaló que se enviaron más efectivos policiales a San Buenaventura para apoyar en las labores de mitigación de incendios.
“En el municipio de San Buenaventura tenemos conocimiento que existen focos de calor que habían sido mitigados, ayer (por el domingo) enviamos un contingente policial, a esta hora ya están en San Buenaventura (…) están realizando los trabajos de mitigación de estos focos de calor que se han presentado, que según el reporte no son cercanos a las poblaciones son en serranías, pero que amerita el trabajo y tratamiento de la policía boliviana”, indicó.
Acotó que la mañana de ayer, otro grupo de uniformados se trasladó al sector para fortalecer los trabajos, se trata de policías de distintas unidades tanto investigativas como bomberos.
Desde el Ministerio de Salud y Deportes se informó que a través del programa Safci- Mi Salud se realiza atenciones médicas a la población que se ve afectada por el incendio forestal en la comunidad Buena Vista del municipio de San Buenaventura.
“Hoy (por ayer) hemos desplazado a un equipo de respuesta rápida para evaluar los daños y las necesidades en el sector, por varios incendios que se han reactivado y otros que están avanzando en San Buenaventura, Ixiamas y otras comunidades del sector lo que afecta a la salud”, explicó el jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos Emergencias y Desastres, Milton González.
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