Javier López S.
En los datos disponibles, vemos que la cantidad de laboratorios de clorhidrato de cocaína destruidos ha crecido de manera constante. Si en 2005 solo se destruyeron 3 laboratorios de cristalización y 2 de reciclaje, en 2016 la policía ya tenía que desmontar 68 laboratorios de cristalización y 57 de reciclaje…
Vemos que la destrucción de laboratorios de cristalización y reciclaje ha tenido un desarrollo exponencial. Una explicación sería que la policía investiga de manera más focalizada, poniendo énfasis en la búsqueda de laboratorios de clorhidrato de cocaína para luchar en contra de los grandes narcotraficantes, en vez de investigar a los trabajadores y peones de las fábricas de pasta base, llamados coloquialmente “pisa-cocas”. Según la policía boliviana, con el método tradicional de producción, se usaba 300 kilos de hoja de coca para producir un kilo de pasta base. Con el método actual supuestamente sólo son requeridos 250 kilos para obtener el mismo resultado.
La tendencia de aprehensiones por narcotráfico no refleja la de laboratorios destruidos. Si las investigaciones fueran más eficientes, el número de personas aprehendidas bajo cargos de narcotráfico debería haber aumentado. Ese no es el caso. Podemos constatar, además, que el incremento no refleja solo el porcentaje de crecimiento de la fuerza policial, sino lo supera con amplitud. Parece evidente que el rol que cumple Bolivia en el proceso regional de producción de cocaína, ha cambiado.
La JIFE indica correctamente que se ha desmantelado en el año 2015 un total de 73 laboratorios de fabricación ilícita de clorhidrato de cocaína en Bolivia. Vimos que, además, fueron desmanteladas este año 4.234 fábricas de pasta base y 62 laboratorios de reciclaje. Ambas cifras no las menciona la JIFE estatal, señala que en el año 2015 se desmantelaron 3.591 infraestructuras para la extracción de base de coca, que equivaldría a las fábricas destruidas en el caso boliviano, y 230 de refinamiento de clorhidrato de cocaína.
Los clanes familiares juegan un rol como intermediarios entre la producción y comercialización de la cocaína boliviana hacia el mercado extranjero, a través de nexos con organizaciones criminales brasileñas, colombianas, y mexicanas. Funcionan también como enlaces con algunas estructuras del poder político local, donde los Lima Lobo, los Castedo, y el clan Rodríguez son claros ejemplos. Existen también estructuras políticas ligadas al narcotráfico, desde el poder político central.
En los últimos meses apareció el narcotraficante Sebastián Marset, de origen uruguayo, pero que ahora cuenta con C.I. boliviano. Al respecto, el ministro Castillo del actual gobierno indicaba en fecha 27 de octubre del presente año, que a Marset se le decomisó bienes valuados en 23 millones de dólares, entre estos 28 inmuebles, 9 avionetas, 28 vehículos, 34 armas y muchos otros elementos.
Hay cierta evidencia para considerar que el incremento de asesinatos llevados a cabo por sicarios en el oriente boliviano, es consecuencia de la violenta competencia entre las organizaciones criminales brasileñas. Esto es para asegurar mayores suministros, mejores rutas comerciales, protección política, y control territorial.
No disponemos de información completa sobre los decomisos de cocaína en los últimos años, salvo algunos que fueron motivo de publicación en la prensa nacional, como incautación de 15 toneladas en junio de 2024 y de 81 toneladas en el año 2023. Por la prensa se encuentra información de cantidades menores.
La Lic. Angélica Siles Parrado indica que Bolivia bate récords en tráfico de drogas, Las cifras de salida de drogas de Bolivia al exterior son escalofriantes, pues en solo cuatro meses (abril a julio 2023): 478 toneladas fueron descubiertas en Barajas, España; 10 toneladas en Hamburgo, Alemania; 324 kilos en el Chaco argentino; 432 kilos en Salta, Argentina; 2 toneladas en Chile y 600 kilos incautados en 5 operativos en Santa Cruz. Y acusan a Marset de ser uno de los principales exportadores de cocaína.
En la primera semana de agosto de 2023, incautaron en Polonia 440 kilos de cocaína procedentes de Bolivia, que arribaron escondidos en machimbre de madera. Esta sustancia está evaluada en 43 millones de dólares en el mercado del país europeo.
La pregunta es qué hacen con la cocaína decomisada. En años anteriores, con presencia de observadores internacionales se veía la quema de la cocaína decomisada, pero últimamente no se constata alguna quema. También podemos preguntar por el destino del dinero decomisado y de las propiedades urbanas y rurales, así como de los vehículos motorizados.
El señor Evo Morales debe estar pensando que después de 20 años de su política de ampliar los cultivos de coca y su industrialización, no ha tenido buenos resultados para los productores de coca, que siguen en estado de sobrevivencia. Y que los únicos que se benefician con la droga son los miembros de los cárteles, que gozan de millones de dólares, gracias al esfuerzo de los cocaleros de Bolivia. El señor Morales, que tiene una renta de 3 mil dólares mensuales como expresidente, declara que no tiene plata, por eso la embajada venezolana le proporciona vehículos, paga a sus guardaespaldas y sus viajes al exterior.