Surgen acusaciones, pero falta investigar y sancionar

Los medios de comunicación periódicamente informan sobre declaraciones de políticos con acusaciones al gobierno por diferentes hechos, relacionados con males como la corrupción o deficiencias en el tratamiento de asuntos nacionales. Tales declaraciones son ampliadas por partidos políticos, arguyendo que el gobierno comete en el día a día una serie de yerros en contra del país y que no hay forma de poner freno a todo lo que lastima al país.
La comunidad nacional está al tanto de esas sindicaciones, pero espera que cuando son emitidas, sean investigadas oportunamente hasta dar con los responsables de delitos y no esperar que los medios indaguen por su cuenta o que la población exija el cumplimiento del ordenamiento legal. Que las pruebas sirvan para procesar en tribunales y sancionar a los autores de actos de corrupción o delitos que atenten contra los supremos intereses del país.
Sin embargo, abundan las acusaciones, algunas sin la presentación de pruebas, por lo que no hay elementos de juicio, no existen testigos de los delitos imputables a los autores. Por otra parte, cuando son denunciados hechos contrarios a las leyes, adjuntando pruebas de diversa naturaleza, si los involucrados son parte del oficialismo, generalmente la dilucidación de los casos avanza a paso de tortuga y la mayoría queda finalmente en el olvido. Además, se llega al extremo de que denunciantes de hechos de corrupción, al final resultan enjuiciados por parte de autoridades cuestionadas, atenidas a que tienen influencia política y que el funcionamiento del sistema judicial deja mucho que desear.
Al parecer no se entiende que la sociedad espera que los culpables de delitos contra los intereses nacionales sean sancionados y salga la verdad a la luz. En consecuencia, es intolerable que los casos con suficientes pruebas no avancen o que el sistema de justicia actúe de manera drástica con opositores y demasiado flexible con oficialistas, porque esta actitud muestra falta de imparcialidad.
En estos días son conocidas denuncias por parte de políticos de oposición o del propio partido oficialista –donde se asevera que hay división–, sobre actos gubernamentales. Lo que se percibe es que en varios casos prevalecen las reacciones hormonales o inquinas personales, por lo que las acusaciones no llegan a ser esclarecidas y cunde la incertidumbre y las dudas en la opinión pública.
Por todo ello, particularmente los políticos deberían dejar a un lado prejuicios o intereses subalternos y asumir un verdadero rol de fiscalización y orientación, por el bienestar general. En ningún caso es aceptable que las sindicaciones no sean investigadas ni se llegue a determinar las sanciones que correspondan.