Freddy Villca Vasquez
En los protocolos de atención que son tomados en cuenta en varias normativas nacionales que sanciona el delito de violación a niña, niño y adolescente, se recomienda que tanto las instancias de investigación, como las que intervienen desde el Ministerio Público e incluso los propios medios de comunicación, eviten la revictimización de menores que fueron víctimas de violación.
En las últimas semanas hubo denuncias sobre violaciones a menores de edad, cometidas por personas adultas y adolescentes. Si bien, de acuerdo con la norma, esos hechos fueron declarados en reserva por parte de la instancia pública, en algunos casos las propias familias de las víctimas o el entorno de ellos, por desconocimiento de las normativas, suelen hacerlos públicos en las redes sociales. Pero esa información particular en el futuro puede ocasionar la revictimización de los menores.
Al respecto, los medios de comunicación y los profesionales del periodismo tienen códigos de ética, que les exigen asumir con mayor responsabilidad la protección de los derechos humanos de menores víctimas de violación y por ello se les prohíbe enfocar rostros de los afectados o entrevistar a progenitores o dar datos personales de los mismos. Este tratamiento no ocurre cuando se expone los casos en las redes sociales, porque ellas son utilizadas por ciudadanos, vecinos, padres de familia o “influencers”, que fuera de desconocer la norma, transmiten los videos sin editar, con el riesgo de vulnerar derechos.
Estos videos que llegan a las redes sociales no necesariamente recibirán el mismo tratamiento que una información en un medio de comunicación, porque no se tendrá la posibilidad de la réplica. Se corre el riesgo de vulnerar los derechos humanos de las víctimas o, lo que es peor, ocasionar futuros problemas psicológicos a las víctimas de violación, porque las imágenes suelen ser reproducidas varias veces.
Por lo tanto, precautela la integridad de niñas, niños y adolescentes, evitando la confrontación directa con el agresor, entrevistas, interrogatorios, exámenes y otros actuados innecesarios. Para víctimas niñas o adolescentes mujeres, siempre deberá procurarse que las entrevistas y exámenes forenses sean realizados por personal del mismo sexo, inclusive las traductoras. Para víctimas varones, familiares o tutores pueden escoger el personal con el cual se sientan cómodos. En el caso de niños pequeños, es preferible que la atención sea efectuada por funcionarias mujeres, establece el protocolo, que no incluye al tratamiento de información en redes sociales.
Las violaciones a menores de edad son una problemática con connotaciones sociales, porque afectan a familias en el momento del hecho y son amenazas potenciales para el desarrollo psicológico y bienestar de niños, niñas y adolescentes. Además, la persona agresora puede atacar a otros miembros de la familia, incluso de generaciones futuras. La violencia sexual altera el desarrollo bio-psico-social de los afectados.
Según datos registrados, se establece que hasta el 2022, del 1 de enero al cinco de junio hubo 745 denuncias y en la presente gestión llegaron a 610 casos. Por departamentos, Santa Cruz con 220 denuncias, Cochabamba con 84 y La Paz con 96 hechos, los cuales fueron atendidos por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), instancia que hace uso de las cámaras Gesell, para que víctimas de violación identifiquen a sus agresores sin ser vistos.