Nuestro derecho positivo hace que muchos de los cargos electivos, no obstante ser resultado de la voluntad popular —y sin contar las dos primeras magistraturas del país—, como diputados, senadores, asambleístas departamentales y los miembros de los concejos municipales, a pesar de que continuamente se llenan la boca con que fueron electos por el pueblo, padezcan de un persistente déficit de legitimidad. Y si alguien está en desacuerdo con aquello, sólo es necesario remitirnos a los casos del gobernador de Beni o de la alcaldesa de Cobija, que habiendo candidateado y posteriormente sido electos por el Movimiento Tercer Sistema (que en los hechos no existe), sí lo fueron por mérito propio, y más bien en contextos territoriales reducidos en que ambas personalidades son conocidas por todo el electorado. Pero lo contrario y más frecuente es que, como en el caso de los asambleístas nacionales (incluidos los uninominales), su elección no responde a virtudes personales —por mucho que las tengan, y hay varios que las tienen—, sino al candidato presidencial. Lo demás son puro cuentos.
Cuando las listas de parlamentarios nacionales de Creemos fueron publicadas, su jefe, Camacho, manifestó que aquellos eran los mejores de la historia de Bolivia. No solo que nadie con dos dedos de frente creyó semejante estulticia, sino que esa aseveración constituyó una pavorosa afrenta a personalidades ilustres que ocuparon escaños en el desaparecido Congreso Nacional. Y del lado de CC las cosas no anduvieron mejor, porque al poco tiempo de instalarse la Asamblea Legislativa ya hubo varias dimisiones al proyecto político encabezado por Carlos Mesa. Si a las inconductas políticas de ambas organizaciones se le suma la inoperancia de una buena parte de sus bancadas, especialmente de la mayoritariamente opositora, nos encontramos ante un cuadro que, independientemente de la línea ideológica de cada una de las agrupaciones, debe tener a Mesa y Camacho irremediablemente desencantados, tanto por la incompetencia política de sus representantes en ambas cámaras como por su indecorosa conducta con el proyecto que los hizo hombres y mujeres que ganan envidiables salarios, porque no por otra cosa se destacan.
Entonces la pregunta es: ¿qué chasco será el que se llevaron Camacho y Mesa al comprobar que entre sus parlamentarios hay una buena parte en la que no solo existe incapacidad política para ejercer con idoneidad su función fiscalizadora y legislativa, sino una incompetencia moral que los hace inaptos para el rango que ostentan? A estas alturas del periodo constitucional, ambas tiendas políticas han sufrido el menoscabo de sus bancadas por esta última razón. Y es que no debe confundirse el libre pensamiento que debe primar en toda organización política con el desparpajo con que muchos parlamentarios se han desentendido de lo que sus respectivas organizaciones han trazado en materia de comportamiento legislativo, o, si se quiere, de las reglas de juego que aquellos ya conocían —o deberían haber conocido— antes de su elección; es decir, ¿quién está autorizado, sino los jefes de la alianza, para tomar decisiones colectivas y bajo qué procedimientos, mismos que permiten que el poder dentro de un partido político sea distribuido efectivamente entre y por consenso de la mayoría de sus integrantes…?
La reciente disidencia de Silvia Salame, senadora de CC, en el voto colectivo para la censura del ministro Iván Lima, deja al desnudo la improvisación en que se incurrió a tiempo de seleccionar candidatos, porque aquella podrá ser una experimentada jurista (hecho que, por otra parte, ni refrendo ni desautorizo), pero carente de experiencia y disciplina partidistas, tratándose de un asunto en el que su voto no va a contribuir a ninguna reforma de la justicia, por lo menos en los términos en los que el país la necesita. La senadora, cuya elección —aunque según la teoría política alcanzada por mérito propio, lo cual ella asume como cierto— debe al candidato que encabezó su fórmula, incurre en despropósitos al haber votado a favor del MAS, y lo mínimamente decoroso que podría hacer sería renunciar a su cargo, y además justificadamente, por el “sacrificio” que, según ella, significa ejercer tales funciones.
En el lado del partido oficialista, y cuando ya se ha rebasado la mitad del periodo constitucional, las cosas no andan mejor, pues en la Asamblea Legislativa ya se tienen tres vertientes, y según convenga a los intereses políticos las acusaciones entre ellas, impensables hasta hace unos meses, son tan frecuentes como las reconciliaciones exprés cuando hay que bloquear a la oposición.
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor.