Comparto con ustedes un artículo que escribí en mayo de 2011, durante mi primera gestión como senadora por Santa Cruz (enero de 2010 a enero 2015). Son casi 12 años desde que escribí la misma, y nada ha cambiado en el país respecto a una reforma profunda de la Justicia, como lo advertí en esa oportunidad; más al contrario el “experimento” de las elecciones judiciales del Movimiento al Socialismo lo único que ha logrado es politizar la justicia y terminar totalmente sometida y controlada por el partido en función de gobierno.
Ya en esa ocasión observé que el nuevo sistema de elección de autoridades judiciales, por votación universal de Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Agroambiental, y Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura, iba a ser un fracaso ya que en realidad no nos iba a permitir elegir, sino tan sólo ir a votar por aquéllos que los dos tercios de la Asamblea Legislativa seleccionen (el MAS con sus mayoría); es en tal sentido que, 12 años después de aquel experimento fracasado, es la misma sociedad civil que rechazó en dos oportunidades con su ausentismo en la votación, ese sistema digitado y perverso de elección autoridades judiciales.
En esa nota ya advertí lo que se venía en el país: “Como consecuencia de esta acción política confundida con un ejercicio democrático no habrá juicio justo, presunción de inocencia y las violaciones a los derechos humanos se convertirán en una práctica común y corriente y la corrupción seguirá en ascenso, puesto que sin un órgano judicial medianamente independiente los pueblos se pervierten y se destruyen sin remedio”.
Hoy tenemos como nuevo reto, despolitizar ese sistema fracasado y perverso, entregando el proceso de preselección a la sociedad civil, con el fin de garantizar un proceso de calificación, evaluación y preselección transparente e independiente de la política partidaria, otorgando así a la ciudadanía boliviana certeza, credibilidad y confiabilidad en la calificación, evaluación y preselección de candidatas y candidatos para las elecciones judiciales.
Esta es la nota que escribí entonces:
EL DESAFÍO DE LOS COMICIOS JUDICIALES. VOTAR NO SIEMPRE ES ELEGIR
El proyecto de Reglamento de Preselección de Candidatos a Autoridades Judiciales nos deja en claro que votar no siempre es elegir y que la llamada elección terminará en una politización de la justicia.
Las democracias representativa y participativa están en entredicho y Bolivia se encamina hacia una democracia por delegación, en la que una cúpula política y una Asamblea Legislativa obediente y sumisa legalizan lo que les encomienda el Órgano Ejecutivo. Las nuevas leyes “estructurales” que sentaron las bases del Estado Plurinacional plantean básicamente esta situación: Un Estado en el que la ciudadanía no tiene participación real, que no sea para ir a votar de manera simbólica y formal por quienes han sido previamente elegidos por los órganos que obedecen al Ejecutivo. En tales condiciones, los ciudadanos tampoco tienen la opción de reclamar, ni siquiera si están organizados en sindicatos, porque los sindicatos-milicias afines al Ejecutivo pueden allanar estas demandas con el uso de la fuerza y la violencia bajo el postulado de que defienden el “proceso de cambio”.
Es exactamente la agudización y profundización de este nuevo orden el que tenemos ahora por delante con la aprobación del reglamento.
El discurso del Gobierno es que antes el Poder Judicial se cuoteaba y a esto el vicepresidente Álvaro García Linera le ha llamado “prostitución política”, sin dejar en claro que ahora el reglamento, previos candados puestos en la Constitución y en la Ley del Régimen Electoral (LRE), no nos permitirá elegir sino tan sólo ir a votar por aquéllos que los dos tercios de la Asamblea Legislativa seleccionen y que, por supuesto, serán personas identificadas con el partido y predispuestas a judicializar el ejercicio de la justicia, para que el Movimiento Al Socialismo (MAS) pueda seguir dando curso a su proyecto de hegemonía y de persecución a los opositores.
¿Para qué nos llevan a una elección que no es tal? Simple y llanamente porque al haberse desinstitucionalizado el Poder Judicial se ha perdido el Estado de Derecho y no existe confianza en el Órgano Judicial, el descrédito sufrido por estas acciones es cada día más evidente y la ciudadanía está segura de que existe dependencia del Órgano Judicial al Ejecutivo; por lo tanto, la elección es la manera con la que se intenta implementar un mecanismo de supuesta democracia que permita proseguir con la toma del Poder Judicial, bajo el argumento de que estas autoridades han sido ungidas con el voto del pueblo.
Por supuesto que mediará la formalidad de una elección, pero debemos tomarla entre comillas, puesto que se realizará con candidatos impuestos por la preselección de los dos tercios masistas en el Legislativo, sin que medien los mecanismos para comprobar la idoneidad y probidad de los postulantes, situación que solamente podría implementarse en la medida en que se conforme un comisión de preselección con la cooperación de juristas y abogados notables, quienes harían transparente la calificación de los exámenes, con criterios técnicos en derecho y no como fruto de favores políticos.
El Órgano Electoral tendrá su parte en esta pseudoelección. De acuerdo con lo previsto en la Constitución y la LRE, este órgano será el único responsable de difundir los méritos de candidatas y candidatos y quien proveerá los datos que podrán ser publicados por la prensa oral y escrita. Nada de debates, nada de preguntas o denuncias indiscretas, de tal manera que no se entorpezca la elección del candidato que mejor vaya a servir al Gobierno. Los candidatos que gocen del favor del Gobierno serán, por lo tanto, intocables.
El artículo 82, parágrafo II, de la LRE manda que los medios de comunicación, bajo sanción y sin perjuicio de su responsabilidad penal, están prohibidos de: a) difundir documentos distintos a los producidos por el Órgano Electoral, b) referirse específicamente a una o un postulante en forma positiva o negativa, c) generar espacios de opinión de ninguna índole sobre los postulantes y d) dar espacios de opinión, conducción o participación en programas a cualquier postulante. Es evidente que estos candados no permitirán que la población conozca en quiénes va a recaer su voto y tendremos una elección a la que concurriremos sin opciones y sin conocimiento de la idoneidad y probidad de quienes administrarán la justicia en Bolivia por los próximos seis años.
Como consecuencia de esta acción política confundida con un ejercicio democrático no habrá juicio justo, presunción de inocencia y las violaciones a los derechos humanos se convertirán en una práctica común y corriente y la corrupción seguirá en ascenso, puesto que sin un órgano judicial medianamente independiente los pueblos se pervierten y se destruyen sin remedio.
Por una elección transparente
Debe realizarse un concurso público con participación social, que evalúe con procedimientos expeditos y verificables la formación, experiencia y méritos de los candidatos y que proceda a evaluaciones mediante exámenes de competencia y otros que validen su idoneidad y su probidad.
Para definir la selección se deben evaluar aspectos que tengan que ver con sus puntos de vista sobre la vida de la sociedad civil y política, la política económica, social, filosófica, moral, ética y las manifestaciones etno-culturales del país.
La Asamblea debe constituir una comisión examinadora integrada por connotados juristas postulados por universidades y colegios de abogados. En un proceso público se debe comprobar la idoneidad, probidad, méritos, reglados previamente respecto al valor que se asignará a cada documento que acredite la formación profesional o la experiencia.
También, un examen escrito que consistirá en resolver un proceso judicial concreto (ordinario, constitucional, agroambiental, según el cargo al que se postula) en el que debe resolver y dictar una sentencia o auto supremo que corresponda.
Centa Rek, Senadora por Santa Cruz.
8 de mayo de 2011.