La Constitución Política del Estado, define en el Artículo 115.I que “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.
“La justicia está lejos de la gente”, asegura Diego García-Sayán, el relator especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, en su visita oficial, del 15 al 22 de febrero por invitación del Gobierno. Se observa “la impunidad frente al crimen”, especialmente en los casos de feminicidio y violencia sexual. “Esto hace que la justicia esté lejos de las aspiraciones y necesidades de la gente”, “otra severa limitación a la justicia es el hacinamiento carcelario y la altísima proporción de detenciones preventivas”. Por ello, el experto exhortó al país a “intensificar sus esfuerzos para combatir el abuso de la figura de la prisión preventiva y reducir la sobreocupación en los centros de detención” y la “Ley de Deslinde Jurisdiccional del 2010, eliminar restricciones y limitaciones que neutraliza a la justicia indígena”, y establecer nuevamente la llamada justicia de paz para asuntos y cuestiones menores, “habida cuenta de su accesibilidad y la falta de jueces en la mayoría de las circunscripciones del país”.
El incumplimiento del derecho al DEBIDO PROCESO, retardación y mora procesal, las altas tasas hacinamiento carcelario y de presos sin condena, así como los recurrentes casos de condena de inocentes por error judicial, las redes de corrupción judicial y la persecución política selectiva, revelan problemas con raíces profundas, que han hecho que la justicia no llegue a las y los bolivianos. Y en relación con los procesos de preselección de los magistrados, para que éstos sean guiados exclusivamente por la identificación de los méritos, la carrera profesional y el compromiso con los derechos humanos. Y no por consideraciones político partidarias. Así se podría recuperar la credibilidad del sistema judicial y evitar que la gente tome la justicia por mano propia e incurra en agresiones que acaban quitando la vida.
La crisis que experimenta la justicia en Bolivia se debe a su falta de independencia ante el poder político, bajo presupuesto, baja formación de sus operadores, sin idoneidad e imparcialidad de jueces y fiscales, instrumentalización de la justicia para la persecución política, alta corrupción con la designación arreglada de autoridades judiciales. sometidas a redes clientelares y parentelas, mercantilización de la justicia, donde todo tiene precio, con frecuente compra venta de cargos, y las redes judiciales coludidas con el poder político.
Tal situación negativa tiene consecuencias graves de inseguridad jurídica que provoca en la sociedad INJUSTICIA y los riesgos son también mayores. Todo eso muestra al sistema judicial boliviano, sin reputación, sin honor, sin prestigio. Por ello debemos mirar la justicia en prospectiva, para dar soluciones y evitar que el poderoso que comete falta contra el débil quede en la impunidad. A las víctimas solo les queda denunciar en las calles, protestar en los pasillos de los tribunales y, finalmente, hacer huelga de hambre pidiendo justicia.
Ante este panorama nefasto, Magda Calvimontes y Angélica Siles, ex Asambleístas Constituyentes, presentaron un Anteproyecto de Ley en diciembre de 2022. Reiteraron la misma en enero de 2023, ante el señor David Choquehuanca, Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con la idea de recuperar el espíritu constituyente y que el Concejo de la Magistratura convoque a una empresa especializada, que con código QR, sin mencionar nombres ni C.I., seleccione a postulantes. Una vez evaluadas las postulaciones, que las remita a la Asamblea Legislativa Plurinacional para elegir a los mejores calificados y su remisión posterior al Tribunal Supremo Electoral para la consulta al soberano. Que el pueblo determine quiénes serán las personas idóneas y comprometidas con derechos humanos que administren el sistema judicial y así lograr la tan ansiada justicia y evitar el suplicio que viven las víctimas de los delitos, que generalmente quedan en la impunidad.
La autora es Abogada – Economista, ex Asambleísta Constituyente.