Sistema carcelario en tela de juicio

A simple vista, la justicia boliviana no solo está crisis terminal en lo que se refiere al aparato administrativo encargado de la vida y la libertad de los litigantes. También se encuentran en el banquillo la Policía y el aparato carcelario, lo que significa, en general, la necesidad de una reforma o tal vez una revolución en ese Poder del Estado.
Esa crisis está en boca de toda la ciudadanía. Está en boca de profesionales, de la prensa diaria en todas sus formas e inclusive es conocida por los responsables del manejo de las riendas del Estado. Y ni qué decir de organismos internacionales que saben del tema.
La cuestión se agrava desde hace tiempo, pero en especial desde los últimos años y el problema encuentra su forma objetiva en que en el país el número de personas encarceladas gira en alrededor de 30 mil reclusos, de las cuales casi un tercio son mujeres, otro de detenidos en forma preventiva y otro tanto de reos sentenciados. Los reos que continúan sin sentencia son una mayoría.
A ese diagnóstico, se suma el hacinamiento de los penales, que llega a extremos increíbles, como el que se produce en la cárcel del centro de la sede del gobierno, a pocas cuadras del Palacio Quemado. Ese recinto se ha convertido en un bunker para reclusión de individuos acusados por delitos tanto de mínima como de máxima cuantía, donde conviven incluyendo a sus hijos menores de edad. Hay sentenciados por hurtar un celular, políticos, ideólogos y aun filósofos acusados de golpes de Estado o por utilizar los principios constitucionales y hacer uso de sus derechos humanos para hacer conocer sus opiniones. Se acusa inclusive de conspiración para llegar al poder y gobernar a un país con basta “cultura” carcelaria.
La población cancelaria tiene, además, intensa tendencia al crecimiento, por el aumento de la delincuencia. El mismo Estado dicta decretos y leyes moralistas que imponen sanciones draconianas y castigos carcelarios, lo que ha convertido la justicia en un torrente de acusados destinados a llenar las celdas, inclusive por la vía preventiva, sin la obligada sentencia de un juez, prevaleciendo el simple deseo de un fiscal.
En esa forma, las cárceles están saturadas y cada día llegan más “alojados” que no tienen espacio donde permanecer, ya que tienen que erogar sumas elevadas hasta para encontrar vivienda, si así se la puede llamar. También aumenta la cantidad de encarcelados por la utilización de la justicia para fines políticos, determinando que jefes, oficiales y tropa de las Fuerzas Amadas y la Policía Nacional, así como ex presidentes de la república, gobernadores, ex ministros, para quienes debía haber otro tratamiento, agraven la crisis penitenciaria.
Por otro lado, cárceles de máxima seguridad revelan mucha inseguridad, reos rematados pueden hallar la libertad en diversas formas y los crímenes son frecuentes y ni qué decir de las muertes sospechosas de algunos reos, lo que ha llegado a nivel escalofriante.
Otro aspecto notable, consiste en que dentro de las cárceles han aparecido pequeños Estados, con leyes y autoridades propias, que están por encima del Estado plurinacional e inclusive dictan condenas de muerte que al parecer se cumplen.
Sin entrar a más detalles, se debe considerar que, sin la reforma del régimen penitenciario, cualquier reforma de la justicia quedará trunca. Es, pues, necesario actuar al respecto con gran perspectiva histórica y no solo sobre aspectos concretos y aislados, ya que sería como limitarse a hacer parches y remiendos.