Todos tenemos en claro que una reforma judicial es imperante para el país. Los últimos 20 años nos han demostrado, y con creces, que los operadores de justicia –en su gran mayoría–, solo responden al poder político central y a sus propios intereses, generando con ello un estado de indefensión en el que todos los bolivianos nos encontramos inmersos. Los esfuerzos realizados –hasta el momento– para transformar una justicia servil y corrupta cayeron en saco roto; el principal motivo, la intromisión del poder central en todos y cada uno de los ámbitos de la administración de justicia.
Recordemos que para cambiar estructuralmente la administración de justicia es necesario abrir la Constitución Política del Estado y para ello se necesita sí o sí un referéndum. Lo peligroso de esto recae en la poca o mejor dicho nula transparencia del Órgano Electoral, pues ya nos han demostrado en reiteradas ocasiones que responden ciegamente al poder político emergente del gobierno central. Abrir la Constitución para una reforma, por ende, sería extremadamente peligroso, ya que los encargados de la fiscalización de todo el camino de reforma carecen, a mi entender, de toda idoneidad, confianza y transparencia.
Es de tremenda irresponsabilidad pensar siquiera en abrir la Constitución para una reforma, por muy bien intencionada que sea, mientras el Movimiento al Socialismo se encuentre en el ejercicio de poder, puesto que nos han demostrado, una y mil veces, que utilizan cualquier artilugio para obtener beneficios en todos los campos del quehacer político. Y no solo eso, son capaces de no respetar cualquier decisión que vaya en contra de sus intereses particulares. Con todo lo expuesto, una reforma judicial puede acarrear una reforma en grande de la Constitución, utilizando como excusa la reforma de la justicia.
Otro elemento que causa desconfianza son los impulsores de dicha reforma. No es coherente que los paladines del progresismo «light» boliviano, que durante décadas fueron las caras visibles de una oposición altamente funcional al partido de gobierno, se encuentren a la cabeza de este intento de reforma. Juan del Granado, Carlos Mesa y demás, nunca hicieron una oposición real, siempre jugaron con las reglas del MAS; por lo menos debiera llamarnos la atención la facilidad con la que cuentan estos señores para obtener libros visados por el Órgano Electoral y, a la vez, las facilidades obtenidas para llevar a cabo su «cruzada por la justicia». Da para pensar, pues en otras circunstancias los grupos de choque del Movimiento al Socialismo ya estarían quemando libros y actas sin problema alguno y con el resguardo policial correspondiente.
Con un adecuado análisis reflexivo y siendo coherentes con el Estado de Derecho y con el país, firmar un libro de actas para una reforma judicial, con todo lo que podría acarrear, no es hacer patria, ni fomentar un cambio estructural judicial positivo. Todo lo contrario, es seguir siendo funcional a un sistema corrupto y que aprovecha cualquier rendija para manipular y engañar a la población con el fin de quedarse infinitamente en el poder.
El que tenga oídos, que oiga.
El autor es Teólogo y Bloguero.