El juez Marco Antonio Amaru, procesado por actos de presunta corrupción, definirá hoy si la expresidenta del Estado, Jeanine Añez Chávez, será procesada en la vía ordinaria o juicio de responsabilidades por el caso denominado Senkata de 2019.
Amaru está a cargo del Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, donde radica el caso Senkata, por las muertes registradas en noviembre 2019 en medio de un operativo policial y militar.
Amaru fue aprehendido y presentado a los medios de comunicación, después de ser imputado por favorecer, de forma irregular, a presuntos autores de femininicidio y asesinato para que logren su libertad.
En el primer caso, registrado a mediados de marzo de 2022, la Policía aprehendió a Amaru y lo exhibió en una conferencia de prensa en instalaciones del Comando General. El juez fue presentado con las manos enmanilladas en la espalda y un chaleco con la inscripción “aprehendido”.
Entonces, la Policía informó que el juez Amaru había favorecido a un presunto feminicida en una Acción de Libertad, utilizando como argumento documentos fraguados mediante los cuales se alegaba que el recluso tenía cáncer.
A pesar de la denuncia, otro juez cuestionado, René Foronda, determinó que Amaru se defienda con detención domiciliaria y salidas laborales.
Resulta que el juez Foronda, que otorgó la detención domiciliaria de Amaru, fue el mismo que, poco antes, había sido denunciado por llevar adelante una audiencia virtual en estado de ebriedad.
Días después, también en marzo de 2022, el ministro de Justicia, Iván Lima, criticó la decisión del juez Foronda a favor de su colega Amaru, recordando que era la misma autoridad que había sido filmada dictando resoluciones en estado de ebriedad, pero además había sido recusado porque era testigo en el caso.
Lima mencionó este caso de los jueces Foronda y Amaru como un ejemplo de la gravedad de la situación de la justicia.
Asimismo, en referencia al caso de Amaru, el entonces presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, había revelado sospechas de que se favorecía a algunas personas mediante acciones de libertad que no eran enviadas después al Tribunal Constitucional.
Dos meses después, a mediados de mayo, el juez Amaru otra vez fue aprehendido por un caso en que habría favorecido irregularmente a un presunto autor de asesinato, también a través de una Acción de Libertad.
A pesar de ser su segunda aprehensión del año, Amaru fue dejado en libertad por su colega el juez Edwin Blanco, el mismo que enfrenta un juicio por haber encarcelado sin pruebas al médico Jhiery Fernández por el caso bebé Alexander cuando era fiscal.
AÑEZ
Un grupo de víctimas del caso Senkata, patrocinado por el Ministerio de Justicia, presentó ante el juez Amaru un recurso para que ejerza como autoridad competente en el caso de Jeanine Añez.
Este tema causó polémica, porque Añez ya tenía un proceso para juicio de responsabilidades por el mismo caso.
El operativo en Senkata se dio cuando Añez era presidenta, por lo que –según su defensa- debería ser objeto de juicio de responsabilidades que requiere de la aprobación de dos tercios de la Asamblea Legislativa y se lleva adelante ante el Tribunal Supremo de Justicia.
En 2021, el propio Ministerio de Justicia junto al grupo de víctimas de Senkata inició el proceso para juicio de responsabilidades contra Añez, que llegó a la Asamblea.
Sin embargo, como el Legislativo no trata ese tema, los denunciantes optaron por reorientar el caso y llevarlo a la vía ordinaria.
Las víctimas de Senkata, patrocinadas por el Ministerio de Justicia, presentaron el 18 de enero ante el juez Amaru una excepción de incompetencia, cuyo objetivo es definir que Añez sea procesada en la vía ordinaria.
En el memorial, las víctimas de Senkata le dicen al juez Amaru que “tiene la competencia en el presente caso”, en referencia a Jeanine Añez, y le solicitan además que dirija un oficio al Tribunal Supremo de Justicia para que éste se inhiba del proceso y le remita los antecedentes, según el documento al que tuvo acceso ERBOL.
El argumento para llevar a Añez a juicio ordinario tiene que ver con el caso de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), donde la justicia determinó que a la exmandataria no le corresponde juicio de responsabilidades con el criterio de que no fue presidenta constitucional. (Erbol)