Durante la inauguración del año judicial 2023, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres Echalar, prácticamente “echó por tierra” la posibilidad de lograr la independencia del Órgano Judicial, puso como argumento la beligerancia política que vive el país, por el caso de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz (quien fue aprehendido hace pocos días).
Sin embargo, lo expresado por dicha autoridad es una verdad a medias, dado que gran parte las autoridades judiciales, están o se mantienen en sus cargos porque son afines al MAS, consecuentemente, antes de ser elegidos por el pueblo (en una primera instancia o en el filtro inicial) tuvieron la venia o fueron apadrinados por parlamentarios de dicha organización política. Es de suponer que los magistrados se han comprometido a una serie de “cosas”, por lo que no es de extrañar que ahora están pagando “facturas” (devolución de gentilezas). Esta es una de las razones de por qué no existe independencia judicial.
A propósito, en 1826, cuando se fundó el Estado boliviano, Simón Bolívar (1783 -1830), planteo la idea de la construcción de un Poder Judicial con “independencia absoluta”. En su criterio, esta condición del sistema judicial debía provenir de la elección de jueces por el pueblo, él decía: “El Poder Judicial que propongo goza de una independencia absoluta: en ninguna parte tiene tanta. El pueblo presenta los candidatos, y el Legislativo escoge los individuos que han de componer los Tribunales. Si el Poder Judicial no emana de este origen, es imposible que conserve en toda su pureza, la salvaguardia de los derechos individuales. Estos derechos, legisladores, son los que constituyen la libertad, la igualdad, la seguridad, todas las garantías del orden social”.
Bolívar asoció la independencia absoluta del Poder Judicial a un sistema de selección de jueces, donde intervenía el pueblo, aunque supeditado a la elite legislativa que tenía la decisión final en la selección de los miembros de los tribunales de justicia. La Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente de 1826 adoptó ese esquema sobre el sistema judicial, pero, las reformas constitucionales que se sucedieron la abandonaron e incorporaron variantes de un sistema de selección de jueces elitista, lo que generó el desencuentro entre el método democrático-electoral y la constitución de los órganos judiciales, en la historia judicial de Bolivia.
La Constitución, aprobada en 2009, según su Art. 178, consagra la figura de un ÓrganoJjudicial independiente e imparcial, rescata la idea de Bolívar sobre la participación del pueblo en la elección de las autoridades judiciales.
No solo fue Bolívar quien habló de la participación del pueblo en la elección de autoridades judiciales, también fue Juan Bautista Alberdi (1810 – 1884), político y jurista argentino, que se opuso a la aplicación del método elitista en la selección de jueces, al señalar que “si el gobierno elige al juez, el gobierno administra justicia, pues indirectamente hace la justicia quien hace al juez».
La democracia, en general, y el derecho al sufragio, en particular, implican, extender las zonas o los órganos democratizados del Estado, sujetas a la elección popular, desde el legislativo y ejecutivo hasta el judicial, además de ampliar el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido.
La elección judicial y el conjunto de normas, suponen la transformación del derecho electoral, algunos de sus elementos y procedimientos son atípicos, no se ajustan a este derecho, que ha sido estructurado y ha evolucionado en el marco de las elecciones partidarias para cargos políticos. Las elecciones judiciales no corresponden a esa clase de comicios, algunas premisas y conceptos del derecho electoral son limitados e insuficientes para comprender sus alcances.
En las anteriores elecciones, como el MAS contaba con los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el proceso de preselección de postulantes fue “direccionado y partidizado” y no tenían la necesidad de acordar con nadie.
En el presente, la situación ha cambiado, la correlación de fuerzas ha variado sustancialmente, el MAS está dividido y es muy difícil que puedan llegar a tener nuevamente una mayoría abrumadora.
Por lo que, habría que seguir apostando por una elección judicial, pero es necesario hacer ajustes en el procedimiento, se trata en última instancia de elegir a los mejores.
El autor es politólogo – abogado y docente universitario.
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