La Constitución Política del Estado define en su Art. 256.I que “Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta”.
La Declaración Universal de Derechos Humanos en su Art. 11 1 expresa: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su Art. I manifiesta: “Todo ser humano tiene Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la seguridad de su persona”. La Convención Interamericana sobre normas generales de Derecho Internacional Privado, Art. 2 dice: “Los jueces y autoridades de los Estados Partes estarán obligados a aplicar el derecho extranjero tal como lo harían los jueces del Estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia y contenido de la ley extranjera invocada”.
Pero nuestra CPE, los tratados y convenios NO son respetados por Luis Arce Catacora, la prueba es que los diputados Víctor González, del partido Vox de España, y Luis Fernando Sánchez, del Partido Republicano chileno, fueron expulsados de Bolivia con una Resolución de salida obligatoria del territorio nacional, por intentar visitar al gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, recluido en Chonchocoro, en franca violación a lo que establece la CPE en su Art. 256. Por esta política de amedrentamiento e incumplimiento de normas internacionales en relación con los Derechos Humanos, la expulsión de parlamentarios que ingresaron al país de forma regular, fue ilegal, pues el procedimiento debió ser formalizado vía Cancillería y no por el Servicio de Migración.
Con esta actitud el Gobierno trata de OCULTAR la realidad del país ante la comunidad internacional, evitando que las denuncias de vulneración de derechos y otras irregularidades sean conocidas. Al anular los alcances de la diplomacia, con demostración antidemocrática e intolerante, el gobierno quiere ocultar la violenta represión contra la población movilizada en Santa Cruz. Convierte al país en un lugar donde hay un gobierno dictatorial, como en Venezuela, Cuba y Nicaragua, que NO permiten que otros parlamentarios vayan a verificar el abuso que se comete contra ciudadanos por pensar diferente ante la ideología impuesta.
Arce aísla a Bolivia del contexto internacional, utilizando el Adendum del ALBA que le ordena lo siguiente: “Para contrarrestar a la oposición debemos emplear las siguientes tácticas: Estrategias Dirigidas a la Oposición: Corromper a la gente de sus propias filas, pagándoles sumas importantes para convertirlos en informantes. El principio de “conoce bien a tu enemigo para destruirlo” se debe cumplir necesariamente. Inventar actividades conspirativas, para poder meter en esas actividades a empresarios, periodistas, analistas, etc., que están en contra el régimen”.
Estas acciones de autoritarismo, INTOLERABLES, no solo atentan contra la vida de un privado de libertad, como es el gobernador Camacho, sino permiten que grupos violentos, de afines al MAS, convertidos en milicias y mercenarios, denominados “ponchos rojos”, estén en las afueras del penal, violando normas vigentes, incurriendo en delito flagrante, para evitar el ingreso de parlamentarios extranjeros, legisladores bolivianos, familiares, asistencia médica. Lo peor es que propinan azotes a MUJERES y jóvenes que también intentaron visitar al recluido Gobernador cruceño. Además increpan a sus abogados, impidiendo su salida del centro penitenciario, en complicidad con el Director del centro penitenciario de Chonchocoro, que agradece a estos grupos violentos por “cometer delitos”, por responden a intereses del poder. Así se demuestra la desigualdad en el trato, como en Santa Cruz, donde la población es víctima de abuso brutal de la policía, solo por expresar sus ideas.
La autora es Abogada, Economista y Exasambleísta Constituyente.