La Constitución Política del Estado define en el Artículo 308. I que “El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país”. El Art. 318.III expresa que “El Estado fortalecerá la infraestructura productiva, manufactura e industrial y los servicios básicos para el sector productivo”. Sin embargo, el gobierno NO CUMPLE el mandato constitucional y, por el contrario, PERMITE y fomenta el bloqueo de la Central Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia y los Interculturales (antes colonizadores) cierren la carretera del Beni a Santa Cruz, paralizando el transporte de viajeros, productos alimenticios, animales y carga internacional, perjudicando a quienes deben cumplir compromisos de exportación.
El presidente de Bolivia no cumple la Constitución, para Luis Arce el mandato del Ademdum del Alba es SU Constitución, la que define en el punto 1.4. Por la Fuerza Aún sin Razón, lo siguiente: “La fuerza de la victoria es la política: la violencia debe ser nuestro principio. El engaño y la hipocresía son las reglas de oro de aquellos gobiernos que no quieren caer ente un nuevo poder. No nos detendremos innecesariamente ante la corrupción, la compra de conciencias, la impostura y la traición, porque con ella servimos a la causa. En la política no dudemos en confiscar la propiedad, si de este modo podemos lograr sumisión y poder”.
Observamos con impotencia que su política se basa en la violencia, porque avasallaron con armas de fuego, y los cabecillas engañaron a algunas personas. Por supuesto, tienen la tarea de confiscar la propiedad privada, para lograr la sumisión y control del poder y utilizan a las organizaciones como la CSTB, que otrora se dedicaba a la producción de alimentos. Hoy comprados los dirigentes, se dedican al tráfico de tierras para la destrucción de Bolivia, el medio ambiente, con la deforestación y para sembrar coca destinada al narcotráfico. A ello se añade la contaminación de ríos por los mineros, que NO pagan impuestos, igual que los cocaleros.
Los avasalladores construyeron edificaciones de madera y algunos de ladrillos e incluso con mallas, sus viviendas y carpas están en el predio municipal, al lado del Jardín Botánico, del distrito 7 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Los daños superan los Bs.5 millones. Se fraguó documentación y se estafó a varias personas. La “policía” NO CUMPLE su trabajo, ni la Alcaldía de Santa Cruz, estamos a punto de que los avasalladores se apropien de la propiedad privada de las bolivianas y los bolivianos.
En Guarayos las propiedades son productoras de alimentos para cumplir con las necesidades del pueblo boliviano. Sin embargo, más del 50% de las propiedades fueron AVASALLADAS, según denuncias de los productores del lugar, que identificaron a Oscar Flores y Anastasio Paco que encabezaron los bloqueos en la carretera de Beni a Santa Cruz, a 75 Km de Guarayos, a la altura de Cerro Grande. De los bloqueadores, el 70% es de campesinos de la Única y 30% de los interculturales que exigen la liberación de las 10 personas que fueron enviadas a la cárcel de Palmasola por avasalladores. Esperemos que sean sancionados como corresponde y evitar que siga cundiendo esta política del atropello, no solo a la propiedad privada de los que generan empleo y alimentos para Bolivia, sino a la dignidad de las personas que son vejadas y amenazadas de muerte por los avasalladores.
Exigimos a Luis Arce CUMPLIR con la Constitución, como juró al asumir su cargo. Esa Norma Suprema define en el Artículo 343 que “La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente”. Que los delincuentes avasalladores respondan por el daño del medio ambiente y la toma de propiedad PRIVADA con violencia, la que se está naturalizando, para convertir a Bolivia en otra Venezuela o Cuba, pero las y los bolivianos NO permitiremos el sometimiento por los “falsos socialistas” que se enriquecen a costa del hambre del pueblo.
Angélica Siles Parrado, Abogada, Economista, ex Asambleísta Constituyente.