sábado, mayo 25, 2024
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Policías golpean a periodistas y gremio asegura que no hay licencia para matar

Después que varios periodistas fueron golpeados por efectivos de la Policía, durante la cobertura de protestas ciudadanas contra la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, manifestó a EL DIARIO que “nadie tiene licencia para matar”, por lo que presentaron una Acción de Libertad para exigir la tutela del derecho a la vida.
Méndez precisó que el martes 3 de enero de 2023, en coordinación con el Colegio de Abogados de Santa Cruz, Confederación de Profesionales de Bolivia y una asambleísta, presentaron una Acción de Libertad contra el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo y el comandante de la Policía de Santa Cruz, Jhonny Chávez, con el objetivo de frenar las agresiones que sufren trabajadores de la prensa durante la cobertura de la represión contra manifestantes que desde el 28 de diciembre de 2022 protestan por la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
“No solo se pretende la acción tutelar de los periodistas sino también de todos los ciudadanos que han sido víctimas de la brutalidad policial, hay dos personas que ya perdieron el ojo. Estamos pidiendo que la Policía se ajuste a su misión constitucional (…). No queremos ver periodistas muertos, los últimos seis días los periodistas han sido tomados como una especie de blanco, les están disparando directamente a matar (…) nadie tiene licencia para matar”, advirtió.
Explicó que la Acción de Libertad es un recurso legal extraordinario, contemplado en el artículo 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), que demanda una respuesta en el plazo de 24 horas, porque tiene como fin preservar la integridad física y la vida que se encuentran en peligro.
“Queremos decirle a las autoridades que nadie tiene licencia para matar en Bolivia, más bien el artículo 15 de la Constitución señala que el Estado boliviano debe garantizar la vida e integridad física de los ciudadanos. El hecho de tener uniforme no les da derecho a matar. Ser elegido en un cargo tampoco les faculta para ordenar ejecuciones”, reiteró.
AGRESIONES
A pesar de realizar la cobertura de los disturbios identificados con logotipos de sus respectivos medios de comunicación, cerca de una docena de trabajadores de la prensa han sufrido agresiones físicas desde el pasado 28 de diciembre.
Entre los casos más graves figuran el de Enrique Tarqui, firmante de la Acción de Libertad, a quien un policía le disparó el 30 de diciembre con una escopeta y le fueron retirados seis perdigones del abdomen.
Otro caso grave fue el de Miguel Ángel Rivero, asistente de prensa de la red televisiva Unitel, que el 1 de enero sufrió golpes en la cabeza y el robo de un celular y un micrófono luego de ser derribado y golpeado por al menos cuatro policías.
Los dos trabajadores de la prensa realizaban la grabación de imágenes de la represión policial a manifestantes cuando fueron detenidos, golpeados, y sufrieron el decomiso de su equipo de trabajo, pese a que ambos se identificaron como periodistas.
Rivero requirió asistencia médica porque sufrió heridas en la cabeza y la mano. “Nos hicieron quitar los cascos (de protección), nos empujaron al piso donde nos golpearon”, relató Rivero, en una nota de prensa publicada por el medio televisivo.
Rivero luce un vendaje en la cabeza, tras recibir primeros auxilios en la sede policial, en tanto que un micrófono con el logo de Unitel y un celular no le fueron devueltos.
Periodistas de esa estación televisiva ha sido los más afectados durante los últimos meses y una fuente de Unitel estimó que suman 13 sus trabajadores que sufrieron agresiones durante 2022.

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