El año que comienza será muy difícil tanto para el gobierno como para los bolivianos. Seguiremos sufriendo los efectos de la pandemia del Covid-19 y de la invasión rusa a Ucrania. Como dice el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, el 2023 será más duro que el 2022.
A los males provocados por el Coronavirus y la guerra europea, debemos añadir el proceso inflacionario que atraviesan muchos países, entre ellos EEUU, en su intento por frenar el aumento de precios y la desaceleración que azota a varias regiones del planeta.
Este proceso inflacionario que viven muchos países se traduce en un incremento del precio del dinero en el mercado internacional. Y esto hará más difícil acomodar bonos u obtener préstamos, lo que a su vez dificultará conseguir los recursos necesarios para reducir nuestro déficit fiscal e incrementar las reservas internacionales.
En su mensaje de Navidad, el presidente Luis Arce Catacora fue enfático al señalar que “tenemos la tasa de inflación más baja de la región y una de las más bajas del mundo, lo cual se hace relevante en un contexto internacional inflacionario, donde las grandes economías aplican medidas ortodoxas para contener la inflación sin éxito y más bien provocando paralización de la actividad económica”.
Mientras otros países en vías de desarrollo –como el nuestro– evitan tener que financiar sus déficits con deuda externa, y buscan reducir sus gastos públicos a lo indispensable, Bolivia va en contra ruta, buscando financiamiento externo vía endeudamiento y venta de bonos.
El contrabando, que sobrepasa los 3.000 millones de dólares, representa aproximadamente el 7% del PIB. Esta ilícita actividad ayuda a que el Índice de Precios al Consumidor del país se mantenga controlado, gracias a la internación ilegal de una amplia variedad de productos proveniente de los países vecinos.
Las proyecciones de la economía nacional, efectuadas por organismos internacionales, coinciden en señalar que el crecimiento será menor al registrado en 2022. Así, para el FMI este 2023 creceremos en 3,2%, el Banco Mundial estima en 3,1% y la Cepal en 2,9%, todas inferiores a las estimaciones del Gobierno, de 4,86%
Y, ¿cuál la perspectiva que tiene el ciudadano de a pie? Una encuesta realizada por Omnicom Media Group (OMG) en todo el país refleja que, para la mayoría de los bolivianos, como para las empresas, la situación económica y la falta de empleo son preocupantes.
Esta preocupación desagregada nos muestra temas como que los bolivianos gastan los ingresos que tienen con mayor cautela, pues a más de la mitad les resulta difícil llegar a fin de mes con sus ingresos actuales.
Los bolivianos también están preocupados por el alza de los precios de los productos básicos de la canasta familiar, y el riesgo de aumento de los pasajes y el combustible, como también la falta de oportunidades de trabajo.
El 43% de los encuestados por OMG afirmó que la situación de la economía en Bolivia es peor que el semestre anterior; para el 54%, encontrar o mejorar el puesto de trabajo en el contexto actual es peor que la gestión pasada.
Tendremos un año con muchas restricciones. Esto debe llevar al Gobierno central, las gobernaciones y los municipios a un manejo austero de sus recursos financieros.
Además, no debemos olvidar el ahorro privado, interno y externo. Los empresarios privados solo necesitan de reglas de juego claras y seguridad jurídica, para participar del programa de inversión en el país.
La inversión pública programada para este año alcanza a 4.006 millones de dólares, un 20% menos que en 2022.
Marcelo Montenegro, Ministro de Economía y Finanzas Públicas, remarcó que el sector social recibirá el 26% del total de la inversión pública, es decir 1.024 millones de dólares para la ejecución de proyectos de educación, cultura, salud, seguridad social, deportes, saneamiento básico, urbanismo y vivienda.
También se contempla mantener la subvención de los hidrocarburos y alimentos, para preservar la estabilidad de precios de la canasta familiar.
En 2023 el Gobierno espera una inflación del 3,57 por ciento, mayor al 3,3 por ciento proyectada en 2022, y un déficit fiscal de 7,49 por ciento, menor al de 2022 que fue de 8,5 por ciento.
Coincidiendo con otras recomendaciones, para hacer sostenible nuestro crecimiento y estabilidad, debemos reducir el déficit fiscal y aumentar las exportaciones y así elevar los niveles de las reservas internacionales. En esta tarea la empresa privada puede tener una activa participación.
El autor es Economista, licenciado en la UMSA, doctorado Ph.D. en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina, Académico de Número de la ABCE y presidente del Directorio de la UREAL.