Seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a Cristina Fernández de Kirchner

Un tribunal argentino condenó ayer a la vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por un delito de corrupción.
La vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado en la causa conocida como Vialidad, en la que se investigaron los contratos otorgados a empresarios cercanos a la administración kirchnerista.
Aunque la peronista Kirchner, quien fue presidenta entre 2007 y 2015, no irá a prisión hasta que la sentencia esté firme y por contar con fueros, la decisión de la Justicia generará más incertidumbre en un país que atraviesa una crisis económica y un fuerte antagonismo político.
La sentencia fue una decisión de los jueces del el Tribunal Federal 2 de la ciudad de Buenos Aires Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
La expresidenta se enteró de la sentencia en su despacho del Senado en Buenos Aires. El fiscal Diego Luciani, que en su alegato final había pedido 12 años de condena para la dirigente peronista, también escuchó el resultado del proceso desde su oficina.
La decisión fue informada poco después de las 17 en los tribunales federales en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Retiro. Afuera, un grupo de militantes kirchneristas cantaba «Cristina presidenta», bajo un intenso calor.
Cristina Kirchner no estaba sola en el banquillo. También estaban acusados el empresario Lázaro Báez, para quien solicitaron 12 años; Julio de Vido, exministro de Planificación; José López, exsecretario de Obras Públicas; Nelson Periotti, extitular de Dirección Nacional de Vialidad; Mauricio Collareda, jefe de Distrito N°23 Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; Juan Carlos Villafañe, exjefe de la Administración General de Vialidad Provincia de Santa Cruz (AGVP); Raúl Daruich, responsable del Distrito N°23 Santa Cruz de la DNV; Raúl Pavesi, extitular de la AGVP; Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas; José Raúl Santibáñez, expresidente del directorio de AGVP; Héctor Garro, expresidente de la AGVP; y Carlos Santiago Kirchner, exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal.
Cristina Kirchner es la dirigente más popular de la alianza oficialista de centroizquierda, quien el año próximo enfrentará unos comicios que, según los sondeos, podría perder en manos de la oposición de centroderecha.
Con una condena firme en su contra, la actual vicepresidenta no podría postularse, sin embargo, todo el proceso podría demorar años tras la esperada apelación del fallo.
EL CASO
El juicio comenzó en mayo de 2019 y se juzgaron las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz de 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. «Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país», dijo el fiscal Diego Luciani en el inicio de sus alegatos. El fiscal dio por probado que las licitaciones fueron amañadas, que las empresas no tenían capacidad para hacerlas, que la mayoría no las terminó y que a pesar de eso fue el único empresario que cobró la totalidad.
Luciani pidió que Cristina Kirchner y Báez sean condenados a 12 años de prisión. Acusó a la Vicepresidenta de ser la jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, para el exsecretario de Obras Públicas José López y para el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti reclamó 10 años de cárcel, entre los principales acusados.
La Fiscalía consideró que el perjuicio al estado fue de 5.231 millones de pesos y también pidió que se decomisen bienes de los acusados por ese monto dividido entre los acusados. También reclamó el decomiso de las empresas de Báez y de 12 estancias compradas por él y por sus hijos.
Las defensas por su parte rechazaron todas las acusaciones y dijeron que no están probados los delitos de los que habló la fiscalía. Reclamaron sus absoluciones. En el último tramo, Cristina Kirchner se convirtió en abogada en causa propia y afirmó: «Si dije que este era el tribual del lawfare, después de todo lo que me tocó vivir, este tribunal es un pelotón de fusilamiento». (Infobae)