Los planteamientos del impresionante cabildo cruceño del día 12, van desde pedir una ley en lugar del Decreto Supremo 4.824, que señala el censo para el día 23 de marzo de 2024 y la distribución de recursos en septiembre del mismo año. No dispone la reasignación de curules porque es una atribución del Tribunal Supremo Electoral, según contiene la Constitución. No solo en criterio de Santa Cruz sino de muchos, la ley otorgaría mayor seguridad que la disposición dictada por el Ejecutivo.
Otro de los puntos importantes del cabildo es la redefinición, en el “marco constitucional y democrático”, de la situación de Santa Cruz con respecto al “Estado boliviano”. Esta decisión involucraría la federalización de este departamento, inocultable anhelo cruceño. Empero este nuevo estatus político requeriría una reforma parcial constitucional y un referendo que lo ratifique. Ruta institucional morosa y complicada. En cambio, resulta de tono conciliador la opinión del Rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, en sentido de retomar los conceptos autonómicos inscritos en la Constitución, pero, contradictoriamente, el centralismo secante impuesto por el MAS echó por tierra las autonomías departamentales.
Otro señalado acuerdo popular del acontecimiento fue establecer un plazo de 72 horas para que los demás departamentos apoyen con medidas “efectivas” la posición cruceña. Se trata de un lineamiento perentorio de alianza y de no concretarse dejaría a Santa Cruz en libertad de tomar sus propias decisiones. Otro aspecto es el plazo de 72 horas al gobierno para la libertad de los 20 detenidos por supuestos incendios y otros en esa capital. Frente a este término, los jueces de pronto se enferman, se excusan, etc., con el cálculo acostumbrado de la Justicia, dejando casi vencer el plazo del Comité Interinstitucional.
Las actitudes del gobierno en este paro indefinido han sido torpes, carentes de sentido político y estratégico. Encaminó al gobierno la psicosis de “golpe de Estado”. Temeroso de correr la suerte del régimen de Evo Morales, cree necesario ahogar mediante la violencia cualquier acto de protesta, para alejar por la fuerza los brotes de descontento y evitar un imaginario derrocamiento. Falsedad que lo llevó a excesos como el bloqueo de todos los ingresos posibles a Santa Cruz, impidiendo el paso de alimentos. Además de otro bloqueo a las instalaciones de provisión de carburantes de YPFB de esa ciudad, para impedir la partida de cisternas.
Por otra parte, desplazó desde el interior hordas de gente subvencionada para reprimir el paro indefinido que se mostraba pacífico antes de esa provocación. Añadió a su afán represor el envío de cientos de policías, los que actuaron en respaldo de los grupos violentos del MAS, en lugar de interponerse entre los bandos contendientes, como debe ser el verdadero comportamiento de la “Institución del orden”. Triste y penoso papel policial. Toda esta parafernalia oficialista no hizo más que ahondar el antagonismo camba contra collas y viceversa. En esta pugna de enormes sacrificios y pérdida de recursos, el gran perdedor es el país en su conjunto.