En la última semana, para frenar las movilizaciones de sectores, el Gobierno Central comprometió al menos dos millonarias inversiones, la derogación de un Decreto Supremo y congelación de la transferencia de datos de los mineros a la Gestora Pública, entretanto, la demanda por la ejecución del Censo Nacional de Población y Vivienda en la gestión 2023 no es atendida.
Tras los acuerdos con tres sectores que habían iniciado movilizaciones exigiendo que se atiendan sus demandas. Los Ponchos Rojos, los mineros de Huanuni y los productores de piña del trópico de Cochabamba lograron que el Gobierno central ceda ante sus demandas; sin embargo, el pedido para adelantar el Censo el 2023 no ha sido atendido, a pesar de que es una exigencia que tiene al menos tres meses.
Fueron los Ponchos Rojos los primeros que lograron la atención del Gobierno. Cuando iniciaron sus movilizaciones, dirigentes señalaron que su pliego petitorio constaba de 41 puntos. Tras una marcha desde la provincia Omasuyos hasta las puertas del Gobierno y la amenaza de masificar medidas de presión, el Gobierno decidió ceder ante sus demandas y fue el mismo presidente Luis Arce, quien anunció una millonaria inversión que logró desmovilizar a este sector.
“Ratificamos la ampliación de la Planta Procesadora e Industrializadora de Lácteos con una inversión de Bs 45.4 millones y la implementación de la Planta Piscícola por Bs 87.7 millones que beneficiará a productores de trucha de los municipios aledaños al Lago Titicaca”, escribió Arce tras firmarse el acuerdo.
Otro sector cuya protesta estaba radicalizándose es la de los mineros de Huanuni, quienes acataron un bloqueo y movilizaciones en la sede de Gobierno exigiendo principalmente la derogatoria del Decreto Supremo 4783 que establece la transferencia de utilidades de las empresas públicas al Tesoro General de la Nación “para proyectos sociales y de reinversión”.
Tras una primera reunión sin acuerdos, en el segundo encuentro el Gobierno se comprometió a derogar los artículos observados del mencionado decreto, pero además, los mineros lograron que este sector no sea transferido a la Gestora Pública, institución creada por el Gobierno para administrar los aportes de los trabajadores.
Se “paralizará la migración de los datos de los trabajadores mineros de Huanuni a la Gestora hasta que se realice la socialización”, señaló el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, cuando dio a conocer el acuerdo.
La tercera oportunidad que el Gobierno cedió ante las movilizaciones fue el pasado viernes cuando productores de piña del trópico de Cochabamba instalaron el miércoles un bloqueo en la localidad de Entre Ríos, sobre la carretera que conecta a Cochabamba con Santa Cruz. La demanda de este sector era que se cumpla un acuerdo firmado el 2016 para que se construya una planta procesadora e industrializadora de piña.
El viernes por la madrugada, horas después de una reunión entre dirigentes del trópico de Cochabamba y Evo Morales con el presidente, resolvieron levantar la medida de presión. Se conoce que autoridades del Gobierno central se comprometieron a escuchar sus demandas los próximos días.
Las protestas por el Censo se iniciaron inmediatamente después de que el Consejo de Autonomías reunido el 12 de julio determinó la postergación del Censo, situación que fue confirmada por el Gobierno cuando se promulgó el Decreto Supremo 4760, que establece que este proceso se realizará hasta mayo o junio del 2024.
Han pasado casi tres meses y se han acatado dos paros departamentales y el Gobierno se mantiene invariable en las fechas sobre el Censo.