Puntualizando que en el país todo ciudadano tiene derecho a la propiedad privada y se debe respetar la independencia entre Órganos del Estado, miembros de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), en Senadores y Diputados presentaron un proyecto de ley para abrogar el Decreto Supremo 5143 sobre Derechos Reales.
El diputado Carlos Alarcón, proyectista de la norma, señaló que la ley de Derechos Reales de 1887, estableció su reglamentación a través de un Decreto, sin embargo, con la entrada en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, también se dio paso a una nueva Ley de Organización Judicial, en la que se dispone regular la normativa de DDRR mediante una “Ley Especial”.
“Tiene que ser una ley especial la que regule la materia del registro de Derechos Reales, el decreto del presidente Arce viola esta ley”, sostuvo Alarcón, a tiempo de anunciar que la iniciativa fue presentada ante el Senado.
Asimismo, Alarcón cuestionó que la polémica normativa introduzca en el monopolio de la información patrimonial de todos los ciudadanos a la estatal Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, con atribuciones para concentrar y manejar datos de todos los bolivianos, constituyéndose en un posible instrumento represivo para “extorsionar, chantajear y amedrentar”.
Por su parte, el senador Guillermo Seoane puntualizó que “en el país, las normas jurídicas se rigen por un orden de jerarquía, la Constitución Política del Estado, los tratados internacionales, las leyes nacionales y estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena, por último, los decretos reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”.
El martes, el ministro de Justicia, Iván Lima, explicó los alcances del DS 5143, desvirtuando que la norma afecte al derecho propietario.
La autoridad indicó que la desinformación que se ha venido generando tiene fines políticos y no el de buscar la seguridad jurídica de la población boliviana o resguardar el derecho propietario, “se quiere generar miedo e incertidumbre”, expresó Lima.