En su documento actualizado sobre proyecciones de crecimiento, el Banco Mundial sube de 3,9% a 4.1% el crecimiento del Producto Interno Bruto de Bolivia, para la presente gestión, pero mantiene la desaceleración para 2023 y 2024.
Los datos del Banco Mundial sobre la proyección del crecimiento del PIB de Bolivia son en base a información que brindan los gobiernos, como Bolivia, por ello los expertos en la materia dudan sobre la cifra.
En su momento, el economista y docente de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), Ernesto Bernal, observó el trabajo del Instituto Nacional de Estadística (INE), pues lo datos no son actualizados periódicamente.
Después de muchos meses, se presentó el crecimiento del PIB al primer trimestre de la presente gestión, que fue de 3,9%, a través de autoridades del sector económico, y resta conocer los datos de junio de 2021 a junio 2022, para determinar si se paga o no el segundo aguinaldo, aunque el economista y docente de la Universidad Católica Bolivia, Gonzalo Chávez, lo desahució.
El nuevo informe del Banco muestra que la desaceleración de la economía nacional llegó a 2,2% el 2019, y el 2020 presentó una recesión de -8%, y un rebote estadístico de 6,1% el 2021, y para la presente gestión estima un 4,1%.
Por otra parte, el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, con referencias a datos estadísticos, sostiene que detrás de estos hay muchas aristas, y lamentablemente el gobierno no muestra las cifras reales.
Con referencia a la inflación, Romero asegura que la mejor manera de medir este dato es ir a los mercados para conocer de primera mano en cuánto subieron los productos de la canasta familiar, inclusive los del contrabando.
Para conocer en realidad sobre el crecimiento económico las autoridades, así como los expertos deberían ir a las calles para preguntar a la gente si tiene un trabajo formal o a contrato, así como si tiene los suficientes recursos para hacer el mercado todos los días, reflexionó Romero.
“Ahora se gasta más, entre 20% a 25%, desde comienzos de año”, señaló y lamentó que no se mida la inflación con la capacidad de compra de la gente, y se debería preguntar si con 100 bolivianos se compra lo mismo que hace tres meses.
Romero sostiene que el poder adquisitivo se está perdiendo, las cosas han subido, y los que brindan datos estadísticos, en el caso de los organismos internacionales, no están en Bolivia y no ven el trasfondo.
La sensación térmica se mide en las calles, y en el mercado. Como dato la carne está por subir, mientras la papa está por encima de los 60 bolivianos, y casi llega a 80, mientras las autoridades no realizan acción alguna para bajar el precio del tubérculo, pero a esto se suman las verduras.
El Gobierno resalta los logros de su política económica, aunque muchos economistas señalan que no lo tiene, de estar entre los países con menor inflación, y su resistencia a la crisis bélica, pero Romero cuestiona sí será real ese dato, ya que los productos están en franco incremento.
El tipo de cambio, los subsidios, el contrabando y el control de los precios serían las herramientas para mantener una inflación baja, pero el gobierno no incluye el comercio ilegal, de acuerdo a economistas.
Romero informó que la población consume en un 60%, productos de contrabando, en desmedro de la producción nacional, y ahora se reduce la competitividad, por la prohibición de las industrias a usar gas en la generación de energía eléctrica, y subirá su costo al consumir electricidad del Sistema Interconectado Nacional.
Además, coincide con la información internacional, al indicar que informes mundiales y varias noticias de organismos especializados, alertan un riesgo en el crecimiento económico y en las inversiones, y señalan una posible estanflación y una recesión en la próxima gestión.
Informe
Las economías de América Latina y el Caribe recuperaron sus niveles prepandemia y la región recobró cierta sensación de normalidad, aunque la economía debe reactivarse para evitar un nuevo ciclo de bajo crecimiento. Las inversiones sociales y en infraestructura pueden convertirse en motores clave del crecimiento y la prosperidad compartida, de acuerdo al informe del Banco Mundial “Nuevos enfoques para cerrar la brecha fiscal”.
Por ejemplo, respecto a otros países, el Banco Mundial proyecta que Argentina terminará el año con 4,2% de crecimiento, Brasil con 2,5%, Chile con 1,8%, Colombia con 7,1%, Perú con 2,7%, Uruguay con 4,8% y finalmente Ecuador con 2,8%.
Se calcula que el PIB regional crecerá 3,0% en 2022, una tasa mayor a lo previsto anteriormente debido al alza en los precios de las materias primas.
No obstante, la fuerte incertidumbre que recorre el mundo como resultado de la guerra en Ucrania, la subida de las tasas de interés en los países desarrollados y las persistentes presiones inflacionarias impactarán sobre las economías de la región.
Se prevén tasas de crecimiento bajas, de 1,6% y 2,3% en 2023 y 2024, respectivamente, similares a los bajos niveles observados en 2010 e insuficientes para lograr avances significativos en términos de reducción de la pobreza. La inflación, que si bien en la mayoría de los países se encuentra en niveles aceptables de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), requiere de esfuerzos continuos para que esta descienda al nivel de los objetivos anteriores.
“La mayor parte de las economías recuperaron sus niveles prepandemia, pero esto no es suficiente. Los países de la región tienen la oportunidad de reconstruir mejor luego de la crisis y lograr sociedades más justas e inclusivas”, dijo el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo.
“Además de poner en marcha las reformas e inversiones necesarias para acelerar el crecimiento, los gobiernos deben encarar los costos estructurales: los años de escolarización perdidos, las vacunas no suministradas y el impacto diferido de la inseguridad alimentaria que la recuperación del PIB disimula”.
Las secuelas de la crisis persisten y deben ser atendidas. La pobreza monetaria descendió del 30% en 2021 al 28,5% en 2022; los costos a largo plazo de la crisis en la salud y la educación deben ser subsanados de manera urgente, tanto para reactivar el crecimiento como para mitigar el aumento en la desigualdad.
