No existe ninguna legislación al respecto, pero la ausencia simultánea de las dos primeras autoridades del Estado no era lo más apropiado para el mejor funcionamiento del Órgano Ejecutivo. Claro que, bajo la premisa jurídica de que todo lo que no está prohibido está permitido, el viaje fuera de las fronteras de manera sincrónica del presidente y del vicepresidente no estaba desconociendo ninguna norma constitucional, ni siquiera una de menor rango. Pero a la luz de lo que estatuye la Constitución Política del Estado y lo que de ella dimana en varios otros cuerpos legales, en nuestro sistema democrático, por muy representativo que sea, en el fondo las elecciones generales se concentran en el binomio mayor; es decir, en los dos primeros dignatarios. De manera que esa dupla ganadora, al asumir formalmente los mandos de la nación, tiene sobre sí el peso administrativo del país.
Por lo tanto, la asunción interina del presidente de la Cámara de Senadores en reemplazo provisional del presidente del Estado, como se dio hace algunos días, si bien no está en colisión con el texto constitucional, pone en riesgo el normal desenvolvimiento de la cosa pública.
Y, dejando muy en claro que sin hacer personalizaciones ni a favor ni en contra de nadie, pero tampoco banalización de lo que los políticos bolivianos son capaces de hacer, queda siempre abierta la posibilidad de que alguien que no fue electo para ninguna de las dos primeras magistraturas en elecciones generales, aprovechando el poder circunstancial que tiene, tome determinaciones que puedan ir contra la línea programática del gobierno central, aun sabiendo que es parte del mismo partido (de no ser así tampoco se daría el caso de que se le confíe la Presidencia), o bien caiga ante las tentaciones de factores a los que los titulares no cederían. Esa es una posibilidad no lejana. La ruidosa historia de nuestra política prueba que, cuando de ellos se trata, puede ocurrir eso y mucho más.
Más aún, el presidente interino de hace algunos días ya fue tentado a la destitución de algunos ministros, lo cual no habría sido legítimo por mucho que sus facultades constitucionales no difieran ni un ápice de las que tiene el presidente electo. Dicho de otra manera, sin importar que el gabinete que lo acompaña por unos días no sea el de su agrado, sobre todo ahora en que los disensos en el partido gobernante son más que evidentes, remover autoridades de tamaña importancia, sería un antecedente más que desastroso para la credibilidad del régimen, e internamente para su propia supervivencia.
Y volvemos al principio. El presidente del Senado no ha sido electo para dirigir el país, lo que no puede confundirse (maliciosamente) con la prescripción constitucional contenida en el Art. 169-I de la Carta Magna que es prudente prevención, pero que tendría que ser aplicada ante la renuncia o dejación de cargos como ocurrió en 2019; por lo que los viajes del presidente o del vicepresidente están sujetos, como en cualquier otro individuo, a riesgos propios del hecho; pero si lo hacen simultáneamente, se deja al país en incertidumbre. Y si se lo hace en viaje conjunto como ocurrió inútilmente en varias oportunidades durante el gobierno de Evo Morales, el país queda en el limbo.
El presidente de la república dirige la política exterior, y por tanto su reciente viaje al 77° Periodo de Sesiones de la ONU está ampliamente justificado, pero que precisamente en esos días el vicepresidente tenga que hacerlo por motivos tan triviales como los que lo condujeron a varios países de Europa, es un desatino, particularmente cuando nuestro país está atravesando conflictos tan agudos como el de los cocaleros de los Yungas o el insoluble desacuerdo sobre el censo.
No hay un precepto que prohíba el viaje conjunto o por lo menos simultáneo de los dos primeros magistrados de la nación, pero hacerlo, y más si están pendientes conflictos sociales, no es precisamente señal de una adecuada coordinación. Viajar por motivos que ni mínimamente van a cambiar la difícil realidad boliviana, como es el caso de Choquehuanca, no es más que turismo.
El autor es jurista y escritor.