La Ciencia Política (Sociología Política para Duvergere) nos enseña que el que tiene poder tiende a hacer uso y abuso del mismo, en especial el que tiene poder político, ya sea de derecho o de facto, pues en los tiempos actuales en el accionar político, casi no existen diferencias, con la única disimilitud del origen de los primeros que está en voto ciudadano, aunque éste sea manipulado.
En nuestro país vivimos tres lustros bajo un régimen autoritario, que con excepción de un interregno de menos de un año del gobierno transitorio, originado en la renuncia y huida del dirigente cocalero del Chapare, ante el levantamiento ciudadano debido a grosero fraude que buscaba un cuarto período para el caudillo. El actual gobierno de Arce Catacora es la secuencia del anterior de Morales Aima, con el mismo partido y la misma política populista, de represión y persecución a los que no siguen la política del régimen, que han convertido al aparato administrativo del Estado en un aparato represor.
Precisamente el sistema democrático de gobierno, que según nuestra Constitución Política es el que debiera regir nuestra vida política, establece frenos y contrapesos para evitar el autoritarismo, como la división e independencia de los Poderes u Órganos del Estado y la vigencia del “estado de derecho”, es decir de la sujeción de todos, gobernantes y gobernados, a la ley, sin excepción alguna.
Sucede que las autoridades que administran el Estado, hacen uso y abuso excesivo de su poder, como el Ministro de Gobierno que se atribuye funciones de juzgador, pues presenta a los detenidos ante los medios de prensa, a los que califica de autores y responsables de delitos, contra lo que señala la normativa jurídica de “presunción de inocencia”. El ministro de Obras Públicas, Montaño, fue a la ciudad de Santa Cruz a provocar a los que hacían uso de su derecho de protesta y a desbloquear algunos puntos, haciendo gala de prepotencia y asumiendo el rol de policía que no le compete (este Ministro habría ejecutado el pasado año apenas el 44% del presupuesto, según un docente en el Canal Universitario, que dijo haber consultado datos oficiales).
En el asunto de Adepcoca, que por segundo año consecutivo enfrenta a la Policía con los trabajadores que cultivan esta planta milenaria en los Yungas paceños, en el que gobierno defiende a un supuesto dirigente afín al oficialismo, que en esa tesitura abrió un mercado paralelo al establecido tradicionalmente y según normas establecidas, afectando los derechos humanos de los vecinos de los barrios donde están los mercados en disputa, con un elevado costo en los miles de gases lanzados por la Policía. La responsabilidad de este problema recae en el ministro de Desarrollo Rural, señor Gonzales, que en el primer conflicto reconoció el mercado tradicional y legal.
El Censo que fue anunciado por el gobierno para noviembre de este año, fue postergado por dos años, sin justificativo técnico alguno, que no sea mala gestión pública. El Censo debe determinar la actual población, su ubicación y otros datos, para ejecutar políticas públicas reales, distribución de escaños en el Órgano Legislativo y nuevo “pacto fiscal de asignación de recursos”. La postergación tan larga, resulta otro exceso de poder.
Uno de los mecanismos de freno a los excesos de poder es el Órgano Judicial, que no solo debe administrar justicia en los asuntos de controversias de la sociedad, sino que debe asistir a los ciudadanos que son víctimas del poder político que atropella sus derechos. Pero cuando este Órgano está al servicio del poder político, poco o nada puede obtener el ciudadano en defensa de sus derechos. Por el contrario, este órgano se ha convertido en mecanismo represor de los críticos y opositores del régimen. Peor aún, cuando la Defensoría del Pueblo es parte del régimen y no defiende sino al gobierno, ¿a quién habrá de acudir el ciudadano en defensa de sus derechos?
La Asamblea Legislativa, donde supuestamente están los representantes del pueblo, está liderada por los asambleístas de la región cocalera del Chapare, y por sus limitaciones se han convertido en portavoces del Órgano Ejecutivo, pues parece que desconocen que son parte de un Órgano independiente, como dispone la Constitución Política del Estado (Art. 12, I y III), y que tiene por finalidad legislar y fiscalizar al poder.
La pérdida de institucionalización en el Estado, es una de las causas de la situación de excesos del poder político, del debilitamiento del sistema democrático y la paz social.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.