Se paga desde hace buen tiempo el Bono Sol, que ahora se denomina Renta Dignidad, otros bonos son para estudiantes de establecimientos fiscales.
El anterior gobierno de transición también dispuso el pago de otro bono con el denominativo de universal, de Bs. 500 para mayores de 18 años que no perciban ninguna otra renta. Además, pagaron Bs. 400 adicionales a los beneficiarios de la Renta Dignidad, por única vez. Se estima que los bonos de la pandemia llegaron a 8 millones de personas en nuestro país.
El gobierno de Luis Arce también ha pagado el bono contra el hambre, en muchos casos a los que no tienen hambre, chauchitando unos 700 millones de dólares, provenientes de préstamos que todos tenemos que pagar.
Cierta población que tiene la suerte de contar con empleo y, en muchos casos, ganando sueldazos, también recibe el beneficio denominado subsidio prenatal y de lactancia, aunque durante estas últimas semanas las beneficiarias han ido realizando movilizaciones a nivel nacional, reclamando por los altos precios de los productos que reciben y, en otros, exigiendo billetera móvil y hasta pago en efectivo.
No es posible que los que ganan sueldos altísimos sean acreedores a estos beneficios adicionales, mientras en el país campea la mendicidad y el desempleo.
Sin embargo, los pagos de estos bonos y subsidios no están direccionados precisamente hacia esa población más pobre, por su carácter de universalidad, por el contrario, sus beneficiarios, en una gran parte, son personas que perciben jugosos salarios y son poseedores de bienes y altos ingresos por diversas actividades, en otros casos.
Cuando se sugiere que las ayudas, los bonos y subsidios tienen que ser para los pobres, para los más necesitados, lamentablemente en el país no contamos con datos precisos que nos permitan conocer e identificar quiénes son los pobres, cuántos son, dónde están focalizados territorialmente, etc. Esta necesidad de contar con estos datos debe ser subsanada por el aparato estatal, que cuenta con entidades como el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que debería trabajar para brindar datos confiables, junto con los gobiernos subnacionales. Aunque el INE durante una década ha mostrado su absoluta ineficiencia en la preparación y concreción del censo nacional que debía efectuarse este 2022.
Al respecto, el Colegio de Trabajadores Sociales durante el primer año de la pandemia se había ofrecido para realizar un estudio para la identificación y localización de los bolsones de pobreza, tanto en las ciudades como en el área rural.
Por otro lado, es preciso señalar que pagar bonos ciegamente, bajo el principio de universalidad, no beneficia mucho a los más desposeídos, a los más necesitados y, por el contrario, vemos cobrando rentas y bonos a personas con ingentes ingresos, además de ser propietarios de empresas, edificios, con varios bienes inmuebles, maquinarias y vehículos particulares y de servicio público, otros son dueños de comercios, etc., etc.
Por ejemplo, el pago de la Renta dignidad sólo debería ser para las personas sin empleo y que no perciban otra renta, tampoco otros ingresos por concepto de alquileres, etc. Y se debería duplicar o triplicar la suma de la Renta Dignidad para esas personas realmente necesitadas.
La situación que atravesamos nos tiene que hacer reflexionar a todos para que seamos solidarios con los más necesitados y, en ese entendido, el actual gobierno y las instancias que correspondan deben modificar estos pagos de bonos y subsidios, direccionando su cancelación exclusivamente a los más necesitados, a los que realmente tienen hambre y no tienen empleo. En todo sentido, no es lógico ni racional pagar estos beneficios a gente que tiene ingentes ingresos, bienes de capital y otros, bajo el decantado principio de universalidad que, en este caso, está por demás.
El autor es Coordinador General de Foro Indígena de Bolivia.