La inseguridad ciudadana es un problema nacional e internacional, en el que están involucrados, directa o indirectamente, la sociedad, el Estado y sus instituciones. Por ello es evidente que el sistema de seguridad tiene que ver con decisiones políticas que expresan concepciones sobre criminalidad y victimización.
La seguridad ciudadana como bien público está estrechamente vinculada con la protección de los ciudadanos ante la violencia y el delito, permitiéndoles desarrollar sus potencialidades y vivir con dignidad en democracia. Por estas características, es un imperativo social, político y un indicador de la eficacia del funcionamiento de las instancias públicas y privadas. Asimismo, tiene un rol importante en la vida cultural, social y política del país.
La seguridad ciudadana es parte de la seguridad humana (Comisión Interamericana de Derechos Humanos); se refiere a una situación en la que las personas pueden ejercer sus derechos fundamentales y en la que las instituciones públicas pueden responder con eficacia cuando esos derechos son vulnerados.
El análisis de la delincuencia, desde el punto de vista de las explica por qué algunas personas o grupos son victimizados y otros no. Según Akers (1997), los estudios centrados en las víctimas facilitan la identificación de las circunstancias, conductas y actividades de los ciudadanos que propenden a incurrir en delitos.
En diferentes países se construye no solo un tipo de sociedad para las próximas generaciones, sino que éstas deben ser responsables del tipo de estructura social que surge desde las familias. Para algunos la seguridad ciudadana solo se entiende a partir de los patrullajes policiales, los operativos de prevención o procedimientos de control. Mientras que otras sociedades, mejor estructuradas, entenderán que la seguridad ciudadana se construye desde el primer núcleo social, que es la familia, donde los hijos por rebeldía pueden tratar de vulnerar toda norma o disposición que parta de organismos del Estado. Para otros, al crecer en hogares disfuncionales, generar o correr riesgos de inseguridad será una forma de vivir. Mientras que las familias que protejan a sus descendientes para que concluyan su formación educativa y profesional con la mayor responsabilidad, podrían evitar riesgos innecesarios que afecten la integridad de sus hijos o la de otras personas de su entorno.
La seguridad ciudadana no solo es responsabilidad de una instancia de Estado, es una forma de vida que cada familia deberá inculcar entre sus miembros. Que se entienda que una sociedad está compuesta por diferentes familias, pero todas ellas son responsables de sus propios modelos de vida, que incluyan una adecuada seguridad individual y colectiva.
En el caso boliviano, la Ley No. 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana «Para una vida segura» fue promulgada el 31 de julio de 2012. La Policía Boliviana se encarga de la prevención, el mantenimiento y el restablecimiento de la seguridad ciudadana.
En consecuencia, debe ser prioridad la modernización de la Policía con equipos tecnológicos y otros recursos. El reforzamiento de la labor policial que plantea la ley, en especial mediante innovaciones tecnológicas, es una tarea de urgencia. Pero no es suficiente si tal medida no está acompañada por capacitación y actualización de servidores públicos en cuanto a la implementación de sanciones no privativas de libertad u otras opciones. Además de la incorporación de las responsabilidades sociales, a partir de sus propias instancias de organización.